Ing. Hjalmar Ruiz Tückler (*)
Tradicionalmente los objetivos en la formulación de políticas regulatorias en materia de telecomunicaciones son tres: 1- Poner a disposición de la población servicios eficientes a precios accesibles. 2- Promover la investigación, desarrollo e innovación en el sector de forma tal, que proporcione fuentes de empleos de alta calidad. 3- Crear un entorno industrial competitivo que dinamice la inversión privada, así como la entrada al mercado de operadores viables, permitiendo un adecuado desempeño de los operadores establecidos.
La nueva situación del sector de las telecomunicaciones requiere de nuevas políticas, las que deben estar organizadas en cuatro áreas principales. En primer lugar, el marco regulatorio debe estar guiado por principios de flexibilización económica. Para ello, se deben utilizar instrumentos fiscales y tarifarios con el objetivo de restablecer márgenes de rentabilidad adecuados. En particular, se debe introducir flexibilidad en cargas impositivas, reconsiderando los impuestos específicos a las telecomunicaciones y determinar nuevos esquemas para el pago de licencias y concesiones.
En segundo lugar, mientras el regulador debe permitir que la consolidación ordenada ocurra, este debe al mismo tiempo garantizar un nivel mínimo de incentivo competitivo. Para ello, se deben remover los obstáculos a la consolidación en términos de flexibilización de mecanismos de control de competencia para adaptarlos a la situación coyuntural. Este aspecto no es importante por el grado de competencia existente en Nicaragua, pero es de relevancia en mercados desarrollados de telecomunicaciones. Asimismo, se deben determinar aquellos sectores de la industria donde la competencia es económicamente viable y, en función de ello, determinar los marcos competitivos adecuados.
Un tercer aspecto a considerar, es el desarrollo de una política industrial para el sector telecomunicaciones. En particular, se debe considerar el acceso a banda ancha para educación, salud, administración pública e investigación. Adicionalmente, se debe promover la introducción de servicios de telecomunicaciones necesarios para la promoción industrial y exportadora, como el acceso de banda ancha en zonas de desarrollo.
Finalmente, se debe usar al sector de telecomunicaciones para crear nuevas áreas de promoción industrial, como por ejemplo, el desarrollo de nuevos productos en el área de aplicaciones de telecomunicaciones. La redefinición de las políticas de telecomunicaciones resultará en la necesidad de repensar el posicionamiento del regulador. En este sentido, el modelo del regulador/árbitro entre operadores de telecomunicaciones basado en modelos asimétricos de protección deviene obsoleto. El objetivo es el de migrar del modelo de árbitro al de formulador de políticas de Estado.
Consultor
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