Elízabeth Romero
Hasta ahora la Policía ha identificado a tres de cinco policías denunciados de violar a una niña de 12 años, en los alrededores de la residencia de la familia Ortega-Murillo. En tanto el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) deploró que las autoridades lo hayan dado a conocer hasta que hubo presión de los padres de la víctima.
Los tres expolicías (dados de baja deshonrosa) fueron identificados por el jefe de Relaciones Públicas de esa institución, comisionado mayor Fernando Borge, como Ervin Jarquín Espinoza, Emerson Mora Parrales y Walter Téllez Mendoza.Según Borge, estos tenían un promedio de 18 meses de permanecer en las filas policiales y estaban asignados a la Dirección de Operaciones Especiales (Doep).
SIGUE INVESTIGACIÓN
El vocero policial, quien reiteró su posición de condena del hecho, sostuvo que los denunciados estaban designados al reforzamiento de planes en distintos sitios.
“Estamos en una investigación abierta”, dijo Borge, señalando que aparentemente “hay otras personas” que han incluido en la investigación.
Gonzalo Carrión por su parte externó su interés porque una vez que la Fiscalía presente la acusación el juez asignado a esa causa permita la participación a los padres ofendidos.
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Pese a esta disposición aplicada por la jefatura policial, Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que brinda acompañamiento a los padres de la víctima, criticó que en la investigación ha habido una lentitud “deliberada”.
Esto porque desde que ese organismo recibió la denuncia de los padres de la niña —señaló Carrión— y que lo pusieron en conocimiento de las autoridades, “desde hace rato” se reunieron con la jefatura que les prometió adoptar medidas.
CENIDH: POLICÍA QUISO OCULTAR DENUNCIA
El defensor de derechos humanos considera que la Policía en los diferentes niveles que se involucraron en el caso procuró ocultar la denuncia de los padres de la niña.
De acuerdo con lo denunciado por el padre de la víctima en su momento, la niña fue violada el pasado 9 de agosto, a 30 metros de la casa donde reside el presidente inconstitucional Daniel Ortega, y contrario a otros casos similares, hubo un trámite distinto de parte de las autoridades.
INSINUARON CÁRCEL
Es más, Carrión recordó que las autoridades no buscaron el interés superior de la niña, además intentaron responsabilizar a los padres y a la niña por lo ocurrido, cuando el mandato legal es claro: sexo con niña menor de 14 años es violación, pues no se puede hablar de consentimiento, pero todas las referencias eran de obstáculos para que los padres que presionaban porque se esclareciera el hecho, desistieran.
En las entrevistas, la madre de la víctima se sintió amenazada con la cárcel “cuando aparece la referencia niña vaga, niña que se escapa (…) a ese nivel (que llevó a los padres a decir) ‘mirá ¿como nos van a echar presos? dejemos eso así’, eso fue a todos los niveles”, sostuvo Carrión.
Recordó que la ley establece circunstancias agravantes como el hecho de que la niña es discapacitada y los victimarios son policías que abusaron de su autoridad, por lo que consideró que esta es una situación sumamente grave.
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