Montevideo/EFE
Uruguay rompió el tabú y se lanzó a debatir formal y legalmente la posibilidad de que el Estado legalice y controle la venta y producción de marihuana para combatir el narcotráfico.
Sin embargo, se mostró de acuerdo con la hora de buscar una “válvula de escape” para los consumidores y cultivadores domésticos de marihuana
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La propuesta de un solo artículo con tres párrafos, que fue enviada la noche del miércoles al Parlamento, señala que “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana y sus derivados”.
Además, la norma especifica que “el Estado ejercerá toda la actividad material que resulte necesaria, previa concomitante o posterior, para las actividades” mencionadas y aclara que estas medidas se ejercerán “en el marco de una política de reducción de daños” que alerte sobre “los efectos perjudiciales del consumo de marihuana” para minimizar daños a la población.
El proyecto de ley deberá ser debatido en el Parlamento, donde el izquierdista y gobernante Frente Amplio goza de mayoría absoluta, en un proceso que según señalaron varios legisladores se alargará como mínimo hasta 2013.
Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay, indicó que la iniciativa “no es la primera” que busca en el mundo una circulación legal de la marihuana, pero sí tiene “la novedad” de pedir “el control del Estado en toda la cadena de producción”. Para Calzada, esto último se debe a que el objetivo es “arrebatar” el control del mercado a los narcotraficantes.
El legislador oficialista Sebastián Sabini, quien presentó hace unos meses en la Cámara baja un proyecto para despenalizar el cultivo para uso propio, se mostró satisfecho con la iniciativa del Gobierno, pero sobre todo con la posibilidad de hablar abiertamente del asunto.
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