Ramón H. Potosme
A las 2:00 p.m. la Policía Nacional (PN) abrió sus puertas para Liseth Sequeira, cuatro días después que en el Distrito Siete de esa misma institución le negaran el derecho a interponer una denuncia supuestamente por no poseer su cédula de identidad.
La reacción de la Policía ocurrió el día en que LA PRENSA publicó el relato de Sequeira, en el que denuncia el atentado sufrido el pasado domingo, donde perdió su embarazo de dos meses. Ese día intentó denunciar ante las autoridades que había sido secuestrada y golpeada por sujetos que portaban indumentaria del partido de gobierno, pero según ella, al reconocerla (la Policía) como una de las manifestantes contra el Consejo Supremo Electoral (CSE), no le tomaron sus declaraciones.
Ayer fue atendida por el vocero policial, comisionado mayor Fernando Borge, con gran amabilidad y estuvo un equipo de la Comisaría de la Mujer y de Auxilio Judicial para que hiciera su denuncia.
Borge manifestó que lo hacía por instrucciones expresas de la directora (de facto) de la institución, primera comisionada Aminta Granera. Sin embargo Sequeira, todavía mal de salud, dijo que no confía mucho en la Policía.
“No (confío), no tanto. Sí creo que hay que agotar las últimas instancias que se puedan para que no quede en la impunidad. No es muy confiable la Policía Nacional con esto que está haciendo, pero vamos a darle un diez por ciento de credibilidad”, dijo Sequeira.
Hoy la denunciante será atendida en el Instituto de Medicina Legal y luego hará un retrato hablado de los hombres que la interceptaron la mañana del domingo pasado.
Junto con Borge le atendió el comisionado Patricio Reyes, jefe de investigaciones de Asuntos Internos, que determinará si hubo o no negligencia en el caso de Sequeira y los funcionarios del Distrito Siete de la Policía.
Borge confirmó que conocían de la asistencia de Sequeira el domingo en dicha estación. Y mientras tomaban la denuncia mostraron el expediente en el que consta en el registro de entradas que la denunciante llego a la 1:00 p.m. del 6 de agosto a la estación policial. Borge aclaró que no es política de la institución exigir cédula de identidad.
“Las instrucciones de la jefatura es indagar, la jefatura se pone al tanto para iniciar las investigaciones… no ponemos en duda la palabra de ella (Liseth Sequeira)”, dijo Borge, quien reiteró que Granera ordenó que si hubo negligencia, se deben tomar medidas.
Para Azahálea Solís Román, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), el problema no es de negligencia, pues inicialmente en la estación policial le estaban tomando sus datos y no le habían pedido su cédula sino hasta que la identificaron como una de las que apoya la champa frente al CSE. Entonces no continuaron con el proceso.
“Esto es preocupante porque hay un proceso de desinstitucionalización. A ella le hicieron preguntas insistentes de quién le financiaba por estar ahí, en la protesta”, dijo Solís.
Mauro Ampié, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien junto a las organizaciones de mujeres acompañan a Sequeira, espera que “los autores sean identificados y sean juzgados como en derecho corresponde”.
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