Ramón H. Potosme
La mañana que llegó al Ministerio de la Familia (Mifamilia) en busca de empleo Alicia creyó que llevaba todos sus documentos para optar a un trabajo en el sector público. Grave error, reconoció ella minutos después, porque más allá de cartas de recomendación le pidieron un aval político que da el coordinador de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) de cada barrio.
Alicia es el seudónimo que usamos para proteger a una extrabajadora del Mifamilia que está aspirando a un cargo en una institución estatal y por lo tanto tiene temor a perder la oportunidad.
A ella le pareció ilógico tal solicitud puesto que lo que para ella era más importante pasó a un segundo plano, es decir, su profesionalismo, su capacidad y el esfuerzo de cuatro años para terminar su carrera.
Esa vez Alicia, con necesidad de trabajar, consiguió el “aval” a través de un amigo y logró entrar a dicho Ministerio en el 2009 hasta que salió en el 2010 cuando encontró una mejor oferta laboral. Según ella, no hay otra forma de entrar a un cargo en el Estado puesto que la idea difundida entre los funcionarios es que “los compañeros ayuden a los compañeros”, es decir, solo trabajan quienes están cercanos al partido de gobierno.
Alicia señala que como trabajadora estaba obligada a dejar sus labores por la tarde e ir a las rotondas. Eso quizás fue lo más vergonzoso porque temía que algunas de sus amistades la miraran en una función que ella considera degradante.
Tras su salida del Mifamilia, no ha recibido su liquidación, pese a esperarla desde el año pasado y las autoridades se bolean entre el Ministerio de la Familia y el Ministerio de Hacienda. Ella asegura que en la misma situación hay setenta personas que han salido de esa institución.
“En ese momento era obligatorio ir a las actividades de las rotondas, teníamos que dejar de trabajar y ya eso es más vergonzoso porque sentís que va a pasar cualquier amistad y te miraría”, dijo Alicia.
Agregó que mucha gente en el Ministerio ocupa cargos importantes sin que a su juicio tengan las capacidades requeridas, todo gracias a su vínculo partidario.
Para la doctora Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el requerimiento de los avales es una violación a los derechos humanos que transgrede además el derecho al trabajo y a la alimentación. Para ella tales garantías deben ser garantizadas por el Estado y no negarlas como ocurre en estos casos.
DEBE PREVALECER PROFESIONALISMO
Para Marcos Carmona de la CPDH, lo natural sería que los requisitos para otorgar un empleo sean en base a las capacidades profesionales y que responda al perfil del cargo promocionado. Denunció que el tema de los avales políticos y el ambiente laboral en general es una situación difícil que atraviesan los trabajadores en el sector público porque además no hay libertad para organizarse en sindicatos, ya sean sandinistas o independientes.
“No tiene el trabajador la libertad de valerse por su lado profesional si no por las simpatías políticas. Con esta práctica lo que se pretende es crear un clientelismo hacia el partido de gobierno, de tal manera que esta persona que en algún momento no quiera participar en manifestaciones o marchas, definitivamente puede ser objeto de despido”, señala Carmona. Para Vilma Núñez, del Cenidh, lo que queda es la lucha cívica y la denuncia. “Lo peor que puede ocurrir es quedarse callado o someterse a que le pongan la etiqueta de miembro de un partido al que no quiere pertenecer”, dijo.
ESTADO DEBE GARANTIZAR NO DISCRIMINACIÓN
Marcos Carmona, de la CPDH, considera que es un acto de discriminación y señala que el derecho al trabajo es un derecho humano establecido en la Constitución. Con los avales, según Carmona, buscan tener a los pobladores sujetos a un favor político cuando es un derecho.
Vilma Núñez, del Cenidh, señala que en Derechos Humanos existen responsabilidades en cadena y aunque sean los CPC, que no tienen institucionalidad dentro de las estructuras del Estado, la responsabilidad de garantizar el derecho sin ninguna restricción es del Estado.
“Podría decir cínicamente el Gobierno que son actos de particulares, pero nada, el derecho al trabajo y la primera responsabilidad de garantizarlo, la tiene el Estado. En este caso, llámese presidente inconstitucional, tiene que responder a los actos violatorios al exigir avales y constancias de militancia”, dijo Núñez.
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