La combinación de las ofensivas políticas de los integrantes del Alba, primero en contra de la OEA pretendiendo formar una organización alterna, después atacando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte, hasta llegar al intento de reformar a la Comisión estableciendo controles políticos por parte de los estados miembros restringiendo sus actividades y afectando su independencia, y la decisión de Venezuela de denunciar el Pacto de San José para evitar el examen de la Comisión sobre su comportamiento en esta materia, nos hace concluir que los pueblos de América Latina estamos frente a una campaña para retroceder los progresos que el derecho internacional ha venido logrando para la promoción y defensa de los derechos humanos.
La historia del ideal de los derechos humanos relata los avances para definir la dignidad y el valor de los seres humanos y sus derechos fundamentales, para limitar el poder absoluto de los gobernantes a fin de que el hombre y sus derechos prevalezcan sobre los del Estado.
El derecho internacional ha venido compatibilizando el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados con el compromiso de la observancia y respeto de los derechos humanos, resolviendo la controversia entre los derechos del hombre y los derechos del Estado. Esta controversia ha sido superada al establecerse que los derechos humanos han dejado de ser un asunto interno pasando a ser una responsabilidad internacional, llegando a ser considerado el ciudadano sujeto del derecho internacional y objeto de la protección de sus derechos.
La protección de los derechos humanos es un deber internacional moderno, plenamente compatible con el principio de igualdad soberana de los estados, que tras años de lucha y evolución ha permitido la asignación de competencias a organismos internacionales como la OEA para la defensa de los ciudadanos de los estados miembros.
Los integrantes del Alba pretendiendo afianzar sus proyectos totalitarios, esgrimiendo conceptos obsoletos sobre soberanía, pretenden avanzar una reforma regresiva en materia de derechos humanos, negando a sus ciudadanos la protección internacional de los derechos que han dispuesto negarles para consolidar el poder absoluto de sus gobernantes.
Las críticas a la OEA, con sus errores y fallas y a sus más importantes órganos, la Comisión y la Corte, únicamente pretenden encubrir la destrucción del sistema americano de protección de los derechos humanos, que constituye el corazón de esa organización y lo más cercano a los intereses de los latinoamericanos como seres humanos dignos y libres.
En nuestra historia y en especial de la lucha contra la dictadura somocista, hay que recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con su visita a Nicaragua preparó el camino para la resolución del 23 de junio de 1979, adoptada por la decimoséptima reunión de consulta de la OEA que se pronunció sobre la necesidad del reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista y la garantía de respeto de los Derechos Humanos.
El caso de Nicaragua en las Naciones Unidas ilustra también la compatibilidad entre la defensa de los Derechos Humanos y el principio de no intervención, y, es relevante recordar la resolución de la Asamblea General número 37-78 del 17 de diciembre de 1978 que urgió al Gobierno nicaragüense asegurar el respeto a los derechos humanos y censuró la represión contra la población civil.
Si los sufrimientos del pueblo de Nicaragua contribuyeron a la formulación de la acción colectiva para la defensa de los Derechos Humanos no podemos permitir que nuestro país, 33 años después, sea participe de los intentos de demoler un sistema que aunque imperfecto ha demostrado su eficacia en los momentos más oscuros de nuestra historia, cuando los ciudadanos no tienen otra alternativa que recurrir ante los organismos internacionales para la vigencia y protección de sus derechos como seres humanos.
El autor es abogado, fue diputado a la asamblea nacional.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
