Ha sido tan vehemente la demanda de la oposición de que se cambie a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), para poder participar con un mínimo de confianza en las próximas elecciones municipales, que se podría creer que bastaría ese cambio para que los inmensos problemas del sistema electoral de Nicaragua quedaran resueltos.
Se conoce que la oposición parlamentaria, o sea el PLI, demanda que al menos tres de los siete magistrados propietarios que integran el CSE, sean independientes, escogidos entre los candidatos que propone la sociedad civil. Inclusive el PLI podría aceptar dos magistrados, pero a cambio de que se nombre como presidente del CSE a una persona “neutral”, escogida por consenso.
Sin embargo es obvio que un cambio parcial en la cúpula del poder electoral no garantizaría que las elecciones vayan a ser justas y limpias. La crisis del sistema electoral de Nicaragua no se resolvería ni siquiera en el hipotético caso de que Daniel Ortega aceptara los tres magistrados independientes que demanda la oposición parlamentaria. Esto sería solo hacer un cambio para que no cambie nada, en el sentido de la famosa expresión política de que: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”, la cual está contenida en la novela El Gatopardo del autor italiano del siglo pasado, Giuseppe Tomasi de Lampedusa.
El PLI apoyó la reciente reforma de la Ley Electoral que propuso e hizo aprobar Daniel Ortega, porque supuestamente le garantizaba a la oposición mejorar su participación minoritaria en las estructuras del poder electoral. Pero cuando el Consejo Supremo Electoral nombró a los presidentes de los consejos electorales intermedios que de acuerdo con la norma de representación establecida en la ley le corresponden al PLI, designó al mismo tiempo a administradores electorales que asumieron de hecho y están usurpando las prerrogativas y responsabilidades de los presidentes opositores, dejándolos sin ninguna posibilidad de ejercer las funciones y controles que legalmente les corresponden.
Semejante abuso del orteguismo demuestra o confirma que los cambios parciales y formales en el poder electoral no mejoran ni modifican en nada la situación. Lo que se necesita en el CSE —y lo mismo se puede decir de la Corte Suprema de Justicia— es una transformación radical de todas sus estructuras: superiores, intermedias e inferiores. Solo así se podría confiar en que volvería a haber elecciones justas y limpias, que los votos serían contados tal como los depositen los ciudadanos, no como le conviene al caudillo y al partido gobernante.
Pero ese cambio radical será posible solo cuando el régimen orteguista caiga en crisis, la cual es inevitable, y la oposición tenga fuerza suficiente para hacer posibles las transformaciones democráticas que necesita Nicaragua.
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