Nicaragua necesita un pacto fiscal integral, que incluya tanto una reforma tributaria como una mejor asignación y focalización del gasto público.
Por el lado de los ingresos, los principios fundamentales de una verdadera reforma tributaria son conocidos: se requiere desmantelar el amplio sistema de exenciones y tratamientos especiales, única manera de ampliar la base tributaria y reducir las tasas impositivas. Se deben de aplicar los principios fundamentales de equidad vertical (que los que ganan más paguen más), y de equidad horizontal (que los que ganen lo mismo, paguen lo mismo). La reforma debe reducir la regresividad del actual sistema tributario y debe de ir acompañada de una mejor focalización del gasto público para favorecer a los sectores de menores ingresos y realizar las fuertes inversiones en infraestructura pública, que el país necesita.
En economía no hay nada gratis. Lo que no paga Pedro lo paga Juan. Si no se reducen sustancialmente las exenciones y tratamientos especiales, los sectores perdedores del actual sistema tributario (los asalariados, la industria manufacturera, el comercio formal, los consumidores, y los sectores de menores ingresos, entre otros), seguirán siendo perdedores. Se requiere no solo combatir la evasión, sino desmantelar exoneraciones y exenciones, salvo las vinculadas con la canasta básica y las de carácter constitucional. Ello permitiría reducir más aceleradamente la tasa del IR a las empresas al 25 por ciento, crear una tasa de IR menor —del 15 por ciento— para las pequeñas y medianas empresas, elevar la exención para las personas naturales, al costo de la canasta básica e introducir deducciones personales por gastos de salud y educación.
No hay ninguna justificación económica para mantener exenciones y tratamientos especiales. Nadie puede demostrar que la industria manufacturera, el comercio formal y todo el sector de pequeñas y microempresas, no merezcan tener las mismas exoneraciones que tienen, por ejemplo, el turismo, o las zonas francas. Nadie puede demostrar, que si existe una bolsa agropecuaria, que crea un régimen especial de IR, que no deba crearse una bolsa industrial, una bolsa comercial o una bolsa de servicios profesionales, que estén también sujetos a un sistema de retención definitiva. Con ello, no estamos indicando que técnicamente sea conveniente extender las exoneraciones a todos los sectores, o de crear diferentes bolsas, con sistemas fiscales especiales. Lo que enfatizamos es la ausencia de justificación técnica de tratamientos fiscales especiales y la necesidad de una política fiscal general y neutral, sin discriminaciones entre sectores y agentes económicos, en base al principio elemental de la generalidad y neutralidad de los tributos, enmarcado ello en los principios de equidad horizontal y vertical. Nada de ello aparece en la imprecisa y no concreta, propuesta gubernamental.
Se requiere además una reforma de fondo del sistema del IR, modificando el actual sistema cedular que es inequitativo y discrimina en contra de la renta empresarial activa, en contra de los trabajadores y en contra de los pequeños ahorrantes. Desde hace rato se ha sugerido introducir el sistema de renta global, pero a ello se oponen los grupos de presión, ganadores con el actual sistema tributario carente de equidad.
La reforma fiscal debe ser integral. Se requiere una mejor focalización del gasto público, aumentando la asignación de recursos para la educación primaria, técnica y vocacional, y a la salud preventiva, que es la que favorece a los más pobres.
También es fundamental una Ley Retributiva de todo el sector público, basada en criterios técnicos, para eliminar las graves distorsiones en las retribuciones dentro del sector público y discutir tanto el presupuesto paralelo de la cooperación venezolana como la reforma al sistema de seguridad social.
Es urgente poner todos esos temas fundamentales de las finanzas públicas de manera simultánea en una sola mesa de concertación nacional —evitando negociaciones parciales y bilaterales— para alcanzar un pacto fiscal integral como política de Estado, con una visión de largo plazo.
En esa mesa de concertación deben de participar todos los sectores, de lo contrario se impondrán nuevamente los grupos de presión, y continuaremos con un sistema tributario y del gasto público, que refleja los intereses de grupos privilegiados y no los intereses de la nación.
El autor es economista
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