Humberto Galo R.
En 1995, Carlos Lacayo Marenco acordó con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Orlando Trejos Somarriba, un contrato por arrendamiento de un edificio donde funcionaban las oficinas administrativas y salas judiciales de la Corte en la ciudad de Rivas.
Dicho contrato era prorrogable anualmente y fue así que el edificio albergó estas dependencias por espacio de 14 años.
Sin embargo, según Lacayo, hace un par de años cuando la CSJ se trasladó a un nuevo local, dejó el inmueble en un estado bastante lamentable.
“Hubo desmantelamiento, hubo destrozos en todo el edificio”, señaló Lacayo.
De acuerdo con el ciudadano, entre las afectaciones que el edificio sufrió destacan el daño total al sistema eléctrico, a los espacios y divisiones del inmueble, puertas, cerraduras y paredes. Lacayo alega que hasta ahora el total de los gastos sobre este caso ronda los 400 mil córdobas.
El denunciante también señala que en el contrato se establecía que la Corte Suprema daría mantenimiento y en caso de rescindir el contrato de arriendo debería entregar el inmueble en el mismo estado en el que lo recibió y en caso de haberse hecho alguna mejora al edificio este debía quedar a beneficio del inmueble.
LA VERSIÓN DE LA CSJ
La queja de Lacayo es del conocimiento de la CSJ, sin embargo, la institución señala que, por el contrario, las modificaciones y mejoras hechas el edificio fueron asumidas con el presupuesto asignado a ese poder del Estado.
Roberto Larios, vocero del poder judicial, difiere de la denuncia de Lacayo.
Larios explica que cuando las oficinas de la CSJ se trasladaron del lugar lo hicieron llevándose únicamente las cosas que ellos habían invertido, así como muebles, equipos de oficina, archivos y sillas.
Larios invitó a Lacayo a interponer su caso en los tribunales y demandar por las vías legales.
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