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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) propone a los gobiernos de la región a reorientar incentivos hacia los sistemas educativos. para ser más competitivos y atraer más inversión extranjera. LA PRENSA/Archivo

Icefi: reorientar incentivos fiscales

Los gobiernos de la región necesitan reorientar los incentivos fiscales que entregan, donde no solo se prioricen a los sectores empresariales sino también a los sistemas educativos. Esta es una de las propuestas que plantea el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Lucía Navas

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  • “Nicaragua no tiene independencia fiscal, depende de la cooperación externa y eso la hace más expuesta a enfrentar más problemas en el actual contexto de crisis”.
  • Mainor Cabrera, economista principal del Icefi.

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Los gobiernos de la región necesitan reorientar los incentivos fiscales que entregan, donde no solo se prioricen a los sectores empresariales sino también a los sistemas educativos. Esta es una de las propuestas que plantea el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Ricardo Barrientos, economista principal del Icefi, menciona que entre las conclusiones del estudio La Política Fiscal en Centroamérica en Tiempo de Crisis está que un país no es más competitivo solo por reducir los impuestos para atraer las Inversiones Extranjeras Directas (IED). “La competitividad en Centroamérica debe entenderse como quien tiene la población más educada y saludable, y trabajadores capacitados, con ambientes de seguridad y se cuenta con infraestructura vial de calidad”, asegura Barrientos.

De hecho según datos de este instituto el 60 por ciento de la IED que recibe el istmo es captado por Costa Rica y Panamá, “y no es precisamente por tener sistemas con menor carga fiscal”. Esto es posible gracias al alto nivel de escolaridad en ambos países.

Icefi apunta que los países como Nicaragua tienen poco margen para nueva reforma tributaria al tener en contra la crisis económica externa. Se señala además la necesidad de mejorar la transparencia de los datos y permitir que las discusiones de las reformas se abran a la mayoría de actores de la sociedad civil y no únicamente con el empresariado.

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