Alina Lorío
“Pero si de ahí para allá ella no trabaja la concesión, nosotros no respondemos si en una revisión con el Concejo se la quitan”, advirtió Melgara quien dijo: “si tuviera dinero, compraría todas las concesiones y vendería las que yo quiera y pueda, no es un delito, la Ley lo permite, pero en calidad de directivo he actuado de buena fe, me enseñaron a ser honrado y dispuesto a ayudar a mi gremio”.
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Orlando Zeledón, alcalde de Jalapa.
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Brenda Matamoros, una joven madre de tres hijos y enfermera del municipio de Jalapa, recibió recientemente la mala noticia de que la concesión de taxi a nombre de su marido había sido suspendida por orden de la Policía, pero la directiva de la cooperativa de taxis en una acción “bondadosa” le dijo que para ayudarle le darían un mil dólares.
La presunta orden policial, que nunca existió porque no es competencia policial, según el comisionado Pablo Ardón, jefe de la Secretaría Ejecutiva de la Policía de Nueva Segovia, se origina de un presunto proceso judicial contra el marido de Brenda, por tráfico de drogas y que según la fuente policial tampoco existe.
La directiva de la cooperativa de taxis de Jalapa, presidida por Jesús Alonso Melgara, miró en la suspensión de la concesión de Matamoros la oportunidad de otorgar la concesión a Freddy Molina, quien habría peleado por una en el Tribunal de Apelaciones.
Por decisión de mayoría, según Melgara, cada taxista de la cooperativa se comprometió a pagar 500 córdobas para comprarle a un mil dólares la concesión a Matamoros y pagarle 800 dólares a la Alcaldía para los trámites correspondientes.
En la oficina del alcalde sandinista Orlando Zeledón y en presencia de los directivos de la cooperativa 31 de Agosto, Matamoros no tuvo más alternativa que aceptar la propuesta de los mil dólares, aún sabiendo que ese no era el valor y que estaba quedando sin la herramienta de trabajo para mantener a su familia.
Tomó los mil dólares, pero apeló y le manifestó al alcalde y taxistas que estaba dispuesta a devolver el dinero a cambio de que le devolvieran su concesión.
Esteban Aguirre Siles, miembro de la Asociación de ex Cachorros del SMP y concesionario de taxi, dice que fue uno de los diez que no estuvo de acuerdo con la decisión de la cooperativa y se negó a pagar los 500 córdobas.
Denunció que la directiva no estaba dando recibos y que habían sido llamados a la oficina del alcalde para exigirles el pago bajo amenaza de que podrían perder la concesión si continuaban en desobediencia.
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