José Adán Silva
Son fabricadas en Japón y tienen reputación de ser poderosas máquinas, seguras y confortables. Que realmente su calidad vale cada uno de los 55,990 dólares que se cotiza en el mercado de automotores del país.
Pronto los cinco contralores con cargo vencidos, que ocupan el Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR), dirán con más propiedad si la fama que acompaña estos vehículos es real, puesto que cada uno de ellos ha recibido de parte del Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un vehículo marca Toyota Prado del año 2012. Cero millas y lleno de extras.
El presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, admitió que la institución no tiene capacidad para auditar ni el 10 por ciento del Presupuesto General de la República (PGR) ni las 153 alcaldías del país.
La CGR apenas cuenta con 173 auditores para auditar 17,500 “unidades auditables” del Estado. El presupuesto anual de la CGR es menor del uno por ciento del PGR, para fiscalizar el 99 por ciento del PGR.
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Así lo denunciaron sindicalistas de la Contraloría a diferentes medios de comunicación, y así lo confirmó el presidente del ente fiscalizador, Guillermo Argüello Poessy, quien aparte de quejarse con dureza de los sindicalistas, explicó y justificó la valiosa asignación automotriz del Gobierno.
“No son vehículos comprados con el presupuesto que nos asigna el Ministerio de Hacienda, pues nuestros recursos no alcanzan ni para comprar uno solo de esos vehículos”, dijo Argüello Poessy, quien de igual modo explicó que los automotores, que hasta la semana pasada usaban los colegiados del ente fiscalizador, tenían ya más de 12 años de uso “y salían más caros mantenerlos que comprarlos nuevos”.
“Esa gestión de reposición de la flota vehicular es del año pasado, incluye la compra de camionetas para el trabajo de campo de los auditores, para el traslado del personal al resto del país y para uso de los contralores, pero no son regalos a las personas que ocupamos el cargo, son asignadas, y si mañana eligen a nuevos contralores por cinco años, serán ellos quienes las ocupen, así que la queja de los sindicalistas es malintencionada e injuriosa”, se quejó Argüello Poessy.
Los sindicalistas se quejaron mediante volantes que hicieron llegar a los medios y llamadas telefónicas, que mientras a los trabajadores no les cumplen demandas de mejoras laborales y salariales, la institución tendrá que desembolsar una gran cantidad de presupuesto para las nuevas camionetas asignadas.
“Pues claro que a todo vehículo se le debe dar mantenimiento, pero eso no lo compramos nosotros, ni es regalo para nosotros, son de la institución y las entregó Hacienda: ¿Qué quieren los sindicalistas?, ¿que las regresemos? No son así las cosas”, justificó molesto Argüello Poessy.
La administración de la CGR y los dos sindicatos de la institución, que demandan mejorías laborales, se encuentran enfrascados en un intenso conflicto que ha tocado puertas del Ministerio de Trabajo y Tribunales de Justicia.
Los sindicatos extendieron un pliego de peticiones con mejoras laborales que alcanzan 12 millones de córdobas anuales, extras al presupuesto.
Esos recursos, según Argüello Poessy, no están disponibles en el presupuesto anual de la Contraloría.
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