Lucía Navas
Si bien los incentivos fiscales que reciben los sectores productivos en el país —no únicamente el agropecuario— son necesarios, también es oportuno limitarlos a aquellas áreas que realmente aportan al desarrollo económico, plantean economistas consultados por LA PRENSA.
La discusión de la reforma a la Ley de Equidad Fiscal inicia el próximo mes. Realizar una revisión minuciosa del universo de las organizaciones y gremios productivos y de comercio que gozan de exoneraciones fiscales, así como del listado de productos beneficiados, consideran los economistas que es sano.
“Hay una serie de productos que ya no deberían gozar (de exoneración”, opina Óscar Alemán, economista.
Aclara que el objetivo no es quitar todos los incentivos, sino mantenerlos a los sectores que efectivamente causan un resultado positivo en la actividad económica y combatir los abusos que se dan en algunos casos.
“Por ejemplo, se reporta que hay llantas que se importan bajo exoneración, pero que una parte se ocupa para comercializarla al sector producción y la otra (parte) va a parar a los mercados a venderse. Además de ser una práctica de comercio desleal, estás abusando de un beneficio que el Estado otorga para promover el área productiva”, afirma.
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El tiempo de duración de las exoneraciones es otro elemento importante de revisar, pues permitirá al Estado disponer de más recursos económicos para invertirlos en infraestructura, educación técnica u otras áreas importantes para el desarrollo social de este país.
QUE SEA GENERAL
René Vallecillo, también economista y exviceministro de Finanzas, está claro que “la mentalidad del Gobierno es recaudatoria” y esa es la línea que seguirá con la próxima reforma fiscal, por lo cual no se descarta que buscará limitar los incentivos.
Para ordenar las exoneraciones y exenciones, Vallecillo propone que se deje de dar las exoneraciones de manera sectorial y se haga generalizarlo. “Aquel (empresario o productor) que invierte, hay que darle el incentivo, no importa a qué sector pertenezca, así acabás la desigualdad actual, que premia a uno y castiga a otro”, sostiene.
ORDENAR
Entretanto, Óscar Alemán cree oportuno determinar que los productos que son beneficiados por los tratados de libre comercio suscritos por Nicaragua no gocen de beneficios adicionales, tal como el 1.5 por ciento de la devolución por el pago arancelario por la exportación.
Explica que el Estado actualmente desembolsa como concepto de devolución arancelaria el 1.5 por ciento, por ejemplo a una planta exportadora de carne, cuando esta hace su declaración de impuestos a la Dirección General de Ingresos (DGI) o a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).
“Mi opinión es que los productos que se están vendiendo a cero arancel a aquellos mercados con los que se tienen acuerdo comercial, no deben ser sujetos a ninguna medida de apoyo (adicional) porque ya la sociedad, el Estado, ya asumimos un costo al permitir que igualmente entren al país productos de esos mercados igual con cero arancel”, apunta.
Revisarán pago a las alcaldías
El 2 de julio el Gobierno presentará oficialmente al sector privado su propuesta de reforma tributaria. Pero el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se ha preparado con antelación y para ello encargó al grupo de expertos tributarios nacionales para trabajar los lineamientos que deben ser abordados en la reforma.
LA PRENSA conoció que esa propuesta del Cosep está lista e incluye, entre otras cosas, que se cambie el mecanismo del cobro del uno por ciento del IVA que hacen las municipalidades.
Actualmente ese uno por ciento del IVA lo paga la empresa a la Alcaldía, donde está acentuada la actividad productiva que realiza, pero provoca que al final la empresa pague 16 por ciento de ese impuesto, al sumarse el 15 por ciento que cobra el Gobierno a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), lo cual consideran es doble tributación.
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