Uno de los fundamentos de la legitimación del poder es brindar seguridad a los ciudadanos. Premisa que se ha vuelto bastante complicada de cumplir en la era moderna, por el aumento criminal, el crecimiento vertiginoso del ámbito punible, la tecnificación del delito y la evolución de los medios para transgredir la ley y sus perpetradores.
La principal forma que los gobiernos han utilizado para hacer frente a la delincuencia es la represión, legitimizada en los códigos penales, conformada a través del Sistema Penal basado en la intimidación que representa la amenaza de las penas. Estas, son necesarias para la convivencia pacífica y armoniosa de todo pueblo, país o nación. Pero no han dado del todo respuesta al problema, puesto que el ascenso del fenómeno delictivo es una realidad provocando acrecentamiento en los índices de violencia e inseguridad ciudadana y jurídica ante lo cual lo único que se ha hecho en los últimos años ha sido crear más penas y endurecer las ya existentes. Pero al parecer esta fórmula no ha sido suficiente para dar una solución final.
En razón de lo cual el jurista Francesco Carnelutti puntualizó: “Las leyes no son más que instrumentos, pobres e inadecuados, casi siempre, para tratar de dominar a los hombres, cuando arrastrados por sus intereses y sus pasiones, en vez de abrazarse como hermanos tratan de despedazarse como lobos”. Pero si las leyes, penas, códigos, políticas criminales represivas y todo el aparato penal no han sido suficientes ¿qué queda por hacer? Si bien se ha avanzado mucho con la modernización de las leyes y procesos judiciales, la organización estructurada de las instituciones públicas que conforman el sector justicia, la designación de nuevos jueces, fiscales y defensores públicos y la creación de nuevos juzgados como son los de familia, el engranaje aún no está terminado, por muy operativo que sea un proceso si sus operarios no lo son, este nunca será funcional. Se debe hacer un diagnóstico real al sector justicia que tome en cuenta la influencia que ejercen las condiciones económicas, emocionales, sociales y ambientales en las que vive y se mueve el criminal. Factores como edad, sexo y nivel de escolaridad. Particularidades que forman parte del móvil de la infracción a la Ley. Establecer una política criminal idónea que resguarde la seguridad y no solo que se establezca sino también que se respete.
Debemos lograr impunidad cero. Como ciudadanos tenemos la obligación de promover el Estado de Derecho, incluyendo programas encaminados a la prevención comunitaria del delito principalmente en los sectores más sensibles. Se debe crear una mesa o comisión especializada en prevención con todos los mecanismos necesarios para la correcta ejecución de programas preventivos del delito.
La cohesión social en materia jurídica debe primar dentro de nuestras prioridades como pueblo. Debemos encabezar la lucha por prevenir el delito, desde nuestras casas, escuelas, comunidades y centros de trabajo. Nicaragua es nuestra patria, no debemos olvidarlo. Aún podemos impulsar el cambio para disfrutar de una convivencia pacífica en una sociedad arraigada en la ley y su cumplimiento. La autora es jurista nicaragüense.
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