Por muchos esfuerzos que haga el régimen de Daniel Ortega no puede evitar que lo salpique el escándalo de narcotráfico en el que está implicado el magistrado de facto del poder electoral, Julio Osuna. Y mucho menos que pueda impedir las sospechas públicas de que seguramente otros funcionarios estatales están involucrados en este sórdido caso que ha venido a desacreditar todavía más al ya muy desprestigiado Consejo Supremo Electoral (CSE).
Tampoco puede el régimen orteguista descargar toda la culpa en el bando arnoldista. Osuna fue nombrado magistrado electoral como parte de la cuota de Arnoldo Alemán en el pacto con Daniel Ortega, pero la mancuerna del FSLN con el PLC ha funcionado en el CSE como un solo partido, como máquina bien aceitada, muy beneficioso para el orteguismo, y además es muy difícil creer que Osuna pudo actuar sin tener cómplices en el Estado.
Sin embargo, esta escandalosa situación de corrupción ha creado una buena oportunidad para que Ortega acepte que se hagan cambios en el CSE, como demandan la oposición y la sociedad civil de Nicaragua y lo ha recomendado la comunidad democrática internacional. Por mucho que Ortega menosprecie la institucionalidad democrática y por poco o nada que le interese tener legitimidad ante la comunidad democrática internacional, el desprestigio en el Consejo Supremo Electoral se ha vuelto insostenible. De manera que sin cambios en el organismo electoral ningún valor real podrían tener los comicios municipales del próximo 4 de noviembre.
Por lo que se conoce, no es mucho lo que está pidiendo la oposición en cuanto a cambios en el CSE. Lo sano, lógico, justo y necesario sería que todos los magistrados electorales de facto fuesen sustituidos e inclusive enjuiciados, al menos por fraude electoral. Sin embargo, lo que pide la oposición solo es que se nombre a dos o tres nuevos magistrados, los cuales por su probidad e independencia puedan vigilar el proceso electoral y darle un mínimo de credibilidad, para que se pueda justificar la participación en las municipales de noviembre.
Si es cierto, como aseguran los portavoces y aduladores de Daniel Ortega en los medios oficialistas de comunicación, que el actual régimen es apoyado por una abrumadora mayoría de la población, ¿entonces por qué el temor a elecciones libres y limpias certificadas por una amplia observación electoral independiente? Y si es verdad, como dicen los encuestadores, que Ortega es el gobernante más popular de Centroamérica y que en Nicaragua cuenta con más de cincuenta por ciento de respaldo electoral, ¿por qué no permite que las próximas elecciones sean organizadas por un CSE independiente, o que al menos dos o tres magistrados sean nombrados de entre los propuestos por la oposición y la sociedad civil?
Por simple inteligencia e incluso por su conveniencia, ya que no le importa mayor cosa el interés nacional, Daniel Ortega debería aceptar el reto y permitir el cambio que pide la oposición en el Consejo Supremo Electoral.
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