Elízabeth romero
En su informe anual 2012 Amnistía Internacional dedica un capítulo sobre Nicaragua, en el que resalta como hechos relevantes de violación a los derechos humanos en el país, la violencia postelectoral que dejó al menos cuatro muertos y varios heridos. Así como los abusos sexuales que fueron “generalizados”.
Ese organismo estimó que el año pasado se puso en duda la independencia del poder judicial en el país.
Al tiempo que Amnistía Internacional hace una reseña del caso que para las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Nicaragua ha sido considerado emblemático, como fue el proceso judicial sobre la violación contra Fátima Hernández, a cuyo agresor Farington Reyes, la Corte Suprema de Justicia le redujo a cuatro años de prisión la condena impuesta en 2009.
La resolución de la CSJ sobre el caso de Hernández coincidió con la visita de una delegación de Amnistía Internacional a Nicaragua, en julio del año pasado.
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El organismo internacional resalta que tras las elecciones de noviembre pasado, en Nicaragua “estalló la violencia entre denuncias generalizadas de fraude electoral”. “Al menos cuatro personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en enfrentamientos en todo el país entre partidarios y detractores de Daniel Ortega, que fue reelegido para un tercer mandato como presidente”, señala.
De esa manera Amnistía Internacional hace referencia a los casos de Coperna, Siuna, donde fue asesinado un secretario político del Frente Sandinista en esa comunidad y la matanza de tres miembros de una familia en El Carrizo, Cusmapa. En el documento se aborda el hecho ocurrido el 10 de noviembre, cuando integrantes de la oficialista Juventud Sandinista agredieron a un grupo del movimiento Nicaragua 2.0 que protestaban contra Ortega frente a la Universidad Centroamericana, y donde “según los informes los agentes de policía presentes en el lugar no intervinieron para prevenir los ataques”.
“Los ONG locales e internacionales pidieron que se tomasen medidas para proteger el derecho de todos los nicaragüenses a manifestarse pacíficamente”, apunta ese organismo.
Amnistía Internacional también destaca el hecho de que en el país continúa vigente la prohibición total de todas las formas de aborto, lo que dio lugar a violaciones graves de los derechos de las mujeres y las niñas. Las leyes penales revisadas que entraron en vigor en 2008 no permitían ninguna excepción a la prohibición. Por consiguiente, se negó el derecho a un aborto sin riesgo y legal a las mujeres y niñas embarazadas como consecuencia de una violación o cuya vida o salud corría peligro si continuaba el embarazo.
“Todos los tipos de aborto siguieron considerándose delito, y cualquier persona que intentase abortar o ayudase a abortar a otra corría el riesgo de ser enjuiciada”, indica el informe.
Amnistía Internacional.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
