Escuché a un diplomático en Managua decir que en Nicaragua es donde mejor se logra actuar en contra de los envíos de droga que pasan del Sur al Norte, y lo dijo como dando a entender que por esa razón Estados Unidos no le había puesto mente al fraude electoral de noviembre. Le hice ver que eso era mérito del Ejército y la Policía, no necesariamente del gobierno de turno.
Conozco las aspiraciones profesionales del Ejército y la Policía desde 1990. Ambos botaron su ombligo sandinista durante el gobierno de doña Violeta de Chamorro y se convirtieron en instituciones del Estado nicaragüense. Así quedó establecido en las leyes orgánicas que se aprobaron entonces, y en el cambio de sus nombres: de Ejército Popular Sandinista a Ejército de Nicaragua. De Policía Sandinista a Policía Nacional.
Y aunque desde la toma de posesión del presidente Ortega hace cinco años este ha querido retroceder su institucionalidad, la Policía y el Ejército han luchado calladamente, conscientes de que el actual gobierno pasará pero las instituciones quedan, y vendrán nuevos gobiernos con los que habrá que trabajar para seguir impulsando el país hacia adelante.
El trabajo policial y militar en contra del tráfico de drogas le ha valido al gobierno de Ortega una buena nota cuando en Estados Unidos se valora su gestión. Y es bueno que así sea. Nadie quiere ver a Nicaragua dominada por cárteles que, por unos dólares más, destruyen instituciones, familias y todo lo que se les pone enfrente.
Pero a veces da la impresión que el presidente Ortega cree que con solo sacar buena nota en el combate al tráfico de drogas logrará obtener las dispensas o waivers de propiedad y transparencia que Nicaragua necesita este año. Pero no basta.
En Estados Unidos también tiene importancia otra serie de elementos que deberíamos estar cuidando para no entrar en problemas con ellos. Me refiero a todo lo que tiene que ver con el estado de derecho, la democracia, y procesos electorales creíbles, así como con el respeto a los derechos humanos y a las propiedades de ciudadanos norteamericanos.
La forma en que se llevaron a cabo las últimas dos elecciones, las municipales del 2008 y las nacionales de 2011, dejaron mucho que desear en cuanto a transparencia y objetividad. Este manejo poco transparente del proceso electoral es un tema que preocupa a Washington y lo toma en cuenta.
Y lo mismo se puede decir del tema de derechos de propiedad. A ellos no les interesa lo que sucede con los ciudadanos nicaragüenses, pero en cuanto a ciudadanos norteamericanos se refiere, no aprueban las confiscaciones. ¿Y qué es lo que vemos últimamente? Que mientras la Procuraduría avanza con lentitud en la solución de los casos de confiscaciones de los años ochenta, se intentan nuevas confiscaciones de ciudadanos que, aunque aparenten ser nicas, son a veces también norteamericanos, haciendo más grande el problema.
Y también es muy cierto que cada quien tiene el derecho de tener los amigos que uno desee, pero es innegable que la presencia de Ahmadineyad en Managua el 10 de enero fue negativa para el país, por decir lo menos.
Entonces, ¿qué queremos? Buenas relaciones con el principal comprador de nuestras exportaciones, uno de los mayores inversores extranjeros y el principal hogar para nuestros hermanos ausentes, ¿o no?
Es un error aparentar que no. El gobierno del presidente Ortega debería tomar más en serio el mejoramiento de las relaciones de Nicaragua con Estados Unidos, más allá del campo de las drogas. Vale la pena.
El autor es ingeniero
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