William Aragón/ José Adán Silva
Tres extrabajadores de la oficina de la administración pública de rentas de Madriz denunciaron con documentos en mano que en esa institución del Estado supuestamente se comete defraudación fiscal de al menos 18 millones de córdobas anuales.
Según la denuncia, diez grandes contribuyentes en ese departamento evaden el pago de sus impuestos con la presunta complicidad del director de ese ente gubernamental, Douglas Prado Mejía.
“Existen denuncias de corrupción en el Hospital de Somoto, en la administración de rentas y otras instituciones, pero Rodezno no hace nada para que se investigue porque él tiene a muchos de sus familiares empleados en esas instituciones”.
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Luis Rivera Centeno, abogado y notario público, quien laboró para esa institución del Estado durante más de tres años como abogado fiscal y jefe de Cobranza, dijo que recientemente (abril pasado) renunció de la oficina Renta de Somoto porque supuestamente se estaba cometiendo anomalías administrativas por parte del señor Prado Mejía.
“Nosotros logramos detectar grandes fallas con la cobranza de unos 18 millones de córdobas, porque Prado emitía cartas de solvencia fiscal a favor de 10 grandes contribuyentes a pesar que estos adeudan al Estado sus impuestos”, sostuvo el denunciante a LA PRENSA.
Dijo que los expedientes de deudas de estos contribuyentes se engavetaban y que las auditorías practicadas jamás se realizaron “como debían ser”.
“Recopilamos todos los expedientes del caso y los presentamos al procurador de Madriz de ese entonces, Juan Bautista Betanco, pero no actuó nunca”, aseguró Rivera Centeno.
Caridad del Carmen Rodríguez Galindo, exinspectora fiscal, excontadora general y exsecretaria general del sindicato de la Renta en Madriz, dijo que también se vio obligada a renunciar porque el administrador de esa institución “actúa de manera arbitraria y antojadiza humillando a los trabajadores al despedir a 13 de los 19 profesionales que ahí laboraban”.
“La mayoría de corridos por este señor somos mujeres, por lo que aquí no vale lo que dice la primera dama Rosario Murillo, de que el 50 por ciento de los trabajadores de las instituciones deben ser mujeres”, se quejó.
Luisa Amanda Morales Gutiérrez, exjefa de fiscalización de la oficinas de rentas de Madriz, quien también se vio obligada a renunciar, manifestó que la mayoría de los trabajadores despedidos son sandinistas, a los que aún no les pagan su liquidación pese a que hay sentencias judiciales y resoluciones del Ministerio de Trabajo a su favor.
LA PRENSA quiso conocer la versión de Douglas Prado Mejía, pero este ha evitado dar cualquier declaración.
Situaciones similares a las denunciadas por los extrabajadores de Madriz han sido denunciadas a LA PRENSA en Managua, donde salió a luz una nueva etapa de abusos contra funcionarios de esa institución, entre los que se incluyen despidos injustificados, deducciones ilegales y otros atropellos.
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