Según informaron el presidente del Banco Central de Nicaragua y la delegación del FMI que se encuentra en Managua para hacer un “examen a las finanzas y economía del país”, uno de los temas que examinarán es la inminente reforma del Seguro Social.
Desde mayo del año pasado, el INSS oficializó en su página electrónica la propuesta gubernamental de reforma al Seguro Social que contiene los aspectos fundamentales siguientes: 1. Subir la edad de jubilación, de 60 a 65 años, para todos los trabajadores; 2. Duplicar las semanas de cotización, de 750 a 1,500; 3. Doblar también la cotización de los trabajadores, del 6.25 por ciento al 12 por ciento, pero mantener la cotización patronal en 16 por ciento; 4. Calcular la pensión según el promedio de toda la vida laboral y no de los últimos 5 años. 5. que la pensión máxima sea equivalente a 1,500 dólares mensuales y la mínima al salario mínimo industrial, que actualmente es de 2,925 córdobas con 51 centavos, o sea menos de 130 dólares mensuales.
De esta propuesta gubernamental de reforma al Seguro Social que apunta directamente contra los trabajadores afiliados a dicha institución, se culpa al FMI. Pero esto es cierto solo parcialmente. El FMI ya no tiene capacidad para imponer sus condiciones a nadie. Cada gobierno, y en este caso el de Nicaragua, diseña su propio programa con el FMI y lo que este hace es revisar si se ajusta a los objetivos y metas que considera importantes y necesarias para mantener sana la economía del país. Y en última instancia, cada gobierno es libre de establecer o no un programa con el FMI de manera que a quien se debe culpar por esas reformas al Seguro Social es al régimen de Daniel Ortega, ya sea que las vaya a ejecutar drásticamente o en forma gradual como dijo el presidente del Banco Central.
Sin duda que mantener la estabilidad macroeconómica del país y lograr el mayor crecimiento de la economía nacional es del interés de todos los nicaragüenses, en particular de los trabajadores. Pero eso no justifica obligar a los afiliados al INSS a pagar los daños causados por los gobiernos que no han sabido manejar la seguridad social y que más bien han abusado de sus fondos. Lo que debería hacer el gobierno es pagar la inmensa deuda que tiene con el INSS, dejar de usar los fondos del Seguro Social como caja chica y buscar cómo recuperar el dinero que les han robado a los trabajadores asegurados y sus familiares.
La reforma del Seguro Social es necesaria. Por ejemplo, una reforma indispensable es que los fondos del Seguro Social sean usados únicamente para beneficio de los trabajadores afiliados que pagan sus cuotas regularmente. En general, la reforma del INSS debe responder a los intereses de los trabajadores y ser respetuosa de su dignidad y sus derechos, no para seguir avasallándolos y engañándolos.
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