Por: Martha Vásquez
Tráfico de influencias, pago de “coimas” por agilización de inscripción de poderes de sociedades son algunas de las situaciones de corrupción que supuestamente se presentan en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, denunció una extrabajadora de esa institución mientras que la directora de Registros Públicos admitió que ocurre pero fuera de la institución.
Ivania Zeledón, quien trabajó diez años en esa institución, afirma que existe una “cadena de corrupción” en el Registro, que se ocupa de agilizar trámites en un día para ciertas personalidades y empresas, que pagan a estos funcionarios por esos “favores”. Este trámite por “debajera” está lejos del servicio expedito que presta la institución desde febrero del 2010, que tarda cinco días, aseguró la denunciante.
En el 2003, Zeledón empezó a trabajar en el Proyecto de Modernización de los Registros Públicos, pero en enero del 2010 fue ubicada en el área Mercantil, como analista registral mercantil, donde se encargaba de la inscripción de poderes de sociedades, bajo la subordinación de Erlinda Doña y bajo la dirección de Maritza Halleslevens que lleva años de trabajar en esa área.
“Cuando sufría rabietas se imponía a gritos diciendo que el Registro era su hacienda y los trabajadores sus mozos. Se ufana diciendo que era la dama de hierro del Registro y que podía hacer lo que quisiera porque tenía la venia de la magistrada Alba Luz Ramos”, aseguró Ivania Zeledón.
La denunciante agregó que Halleslevens utiliza a personal de conserjería y transporte como espías para fiscalizar “qué hacés, dónde vas y con quién hablás”.
Ante los señalamientos, LA PRENSA buscó la versión de la registradora Maritza Halleslevens, a través de Relaciones Públicas de la institución, pero la titular se justificó diciendo que tenía casos personales que atender. Myriam Jarquín, directora nacional de los Registros Públicos, expresó que “Halleslevens es una excelente gerente de su oficina”.
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“La doctora Maritza, a través de su asistente Frank Hooke y Gabriela Padilla, mandaba a agilizar documentos que no pasaban por mi responsable, y como nunca me presté a eso, me montaron jugadas hasta correrme”, recalcó Zeledón.
La denunciante asegura que por no aceptar formar parte de esa supuesta “cadena de corrupción” la titular de esa entidad, Maritza Halleslevens Centeno, familiar del vicepresidente del y exjefe del Ejército, general en retiro Omar Halleslevens, le “montó” una supuesta queja de un usuario quien dijo que pagó ocho mil córdobas a Zeledón para agilizarle un trámite.
“Nunca me probaron nada. Dicen que enviaron pruebas a Inspectoría Judicial, pero no me las dieron a conocer. Si ella tenía pruebas por qué no me mandó a la Policía. Lo hicieron para correrme de forma deshonrosa”, dijo Zeledón.
FALSIFICACIONES
En octubre del 2010, la denunciante fue enviada al Distrito Cinco de la Policía porque supuestamente, Halleslevens encontró un documento con firma falsificada, pero con sello auténtico.
“Yo fui trasladada a la Policía del Distrito V, pero Francisca Vado, custodia del sello nunca fue llevada a la Policía, porque es protegida de Maritza, como no encuentran pruebas me dejan ir”, explicó Zeledón.
La doctora Myriam Jarquín, directora nacional de los Registros Públicos, admitió que se han dado falsificaciones de documentos, pero alegó que se dan fuera del Registro.
“El año pasado se dieron tres falsificaciones, uno los identifica y los anula, pero como se dan fuera del Registro no las denunciamos. La persona perjudicada es la que debe denunciar. La línea de la Corte es buscar cómo los Registros Públicos sean transparentes, eficaces y una línea es evitar la corrupción”, expresó Jarquín, minimizando lo denunciado por Zeledón.
MÉTODO
Según Zeledón, las “artimañas” que hacen los funcionarios públicos metidos en esta supuesta “cadena de corrupción” es que, cuando la persona paga trámite expedito le retienen el documento por supuestos errores y no le explican que cuando el documento vuelve a entrar corregido, vuelve a iniciar los cinco días.
“Aunque sea agilizado, empieza la cuenta de cero, es allí donde la persona se sofoca y le ofrecen agilizarlo a cambio de dinero”, detalló Zeledón.
El 14 de diciembre del 2011, Jarquín le notificó a través de una carta que ya no le renovarían el contrato por haber cometido faltas muy graves en el desempeño de sus funciones, basado en la Ley 476, Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa, artículo 51, numeral 3.
“Lo hicieron en período de vacaciones, cuando yo no podía hacer nada. El 10 de enero de este año, cuando regresan de vacaciones empecé mi peregrinación por todas las instancias e instituciones, hasta introduje una demanda laboral en los Juzgados, pero no me dan trámite a nada”, recalcó Zeledón.
Al respecto, Jarquín dijo que no se refiriría al caso.
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