AFP/EFE/AP
Un seguimiento médico gratuito permite a Carmen María vivir con una enfermedad incurable en España pese a no tener papeles, pero su tratamiento tiene los días contados en un país que, para reducir el gasto público, se dispone a dejar sin sanidad a los inmigrantes irregulares.
Esta nicaragüense de 33 años, que prefiere no dar su apellido, llegó a España a principios del 2010 y desde entonces, pese a trabajar como empleada del hogar, no logró un permiso de residencia. Pero en un país que tenía como orgullo su atención médica universal, esto no le impidió recibir asistencia especializada cuando, hace diez meses, le descubrieron una dermatomiositis.
“Es una enfermedad denominada rara y tengo que estar en chequeo constante con el médico”, explica sobre esta patología de la piel que puede ir asociada con el cáncer y que “en Nicaragua ni se conoce”.
1.2 millones de ese gran universo son inmigrantes, uno de los sectores más golpeados en esta larga trayectoria de recesión que inició en 2008.
365,900 personas perdieron su empleo en el primer trimestre de este año en el país que representa la cuarta economía de la zona euro, que en enero fue de 10.7 por ciento.
La portavoz del gobierno, precedido por el conservador Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció que España vive “quizás uno de los momentos más duros de la economía española” pero se mostró optimista sobre el futuro, estimando que en 2013 emprenderá la senda del crecimiento.
El desempleo no ha dejado de crecer en este país desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera mundial.
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“No puedo pasar un mes sin ir al médico porque qué sé yo si en la analítica de este mes salió que ya tengo un tumor en alguna parte”, se preocupa Carmen María, que dejó esposo y cuatro hijos en su país.
“Estoy aquí sola, no tengo a nadie”, dice con voz temblorosa. Por eso acudió a SOS Racismo en busca de ayuda.
Esta ONG, como muchas otras de defensa de los inmigrantes, dio la voz de alarma tras conocerse el plan de rigor con el que el gobierno conservador de Mariano Rajoy pretende ahorrar 7,000 millones de euros (unos de 9,250 millones de dólares) en salud pública.
“La crisis económica, a pesar de su crudeza, no puede ser excusa para vaciar de derechos a las personas migrantes”, lamentó SOS Racismo, recordando que el acceso a la sanidad es un “derecho fundamental”.
Enfrentado a una crisis que arrastró de nuevo al país a la recesión y determinado a reducir el déficit al 5.3 por ciento del PIB, desde el 8.51 por ciento del 2011, Madrid decidió, entre otras medidas, limitar la salud pública a los “residentes autorizados”.
Así, a partir del 1 de septiembre, los inmigrantes irregulares solo tendrán derecho a pediatría, asistencia al embarazo y atención de urgencias, una medida con la que el Gobierno espera ahorrar 500 millones de euros y que según la ministra de Salud, Ana Mato, pone a España “al nivel de otros países de la Unión Europea”.
Para Vladimir Paspuel, presidente de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, “es una situación muy peligrosa”.
Puede implicar “un riesgo a la vida por enfermedades que no se traten a tiempo”, dice rodeado de expedientes en su pequeño local del popular barrio madrileño de Pueblo Nuevo, donde una decena de personas ofrece asistencia jurídica, laboral y social a los inmigrantes.
“Da además un mensaje subliminal a la sociedad española, como diciendo ‘son los inmigrantes irregulares los que se están llevando el dinero, son los que están generando la crisis’”, fustiga.
Para desmontar esta creencia, varias ONG divulgaron en los últimos días estudios según los cuales los inmigrantes van menos al médico que los españoles.
Uno de ellos, realizado por doctores de Zaragoza (este) y citado por Médicos del Mundo, señala que los inmigrantes adultos acuden a la sanidad una media de 4.2 veces frente a 6.7 para los españoles.
Otro, realizado por un técnico de la salud pública de Madrid y recogido por el diario El País, situó la media de los extranjeros en 5.05 veces frente a 7.65 para los españoles.
Entre las pocas personas que se acercan a la oficina de Rumiñahui en una mañana de lluvia y frío, Wilson Quintero, ecuatoriano de 42 años, es un ejemplo de esa baja frecuentación.
“No voy al médico más de un par de veces al año”, se congratula. Sin embargo, considera que la restricción del acceso a la salud “es un problema grave”.
“Porque si uno se llegase a enfermar y sin tener un trabajo fijo ¿cómo íbamos a hacer? Estaría muy complicado”, dice.
En España desde el 2002, trabajó “en la construcción hasta que reventó el boom” inmobiliario y al quedarse sin empleo perdió el permiso de residencia.
Esta “irregularidad sobrevenida” golpea cada vez a más extranjeros que tenían una situación legal, pagaron sus impuestos y cotizaron a la seguridad social hasta que perdieron su trabajo en un país con un desempleo del 23 por ciento, más del 40 por ciento entre los inmigrantes.
Difícil de calcular, la cifra de irregulares en España fue estimada en unas 500,000 personas por varios medios.
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