Washington/EFE
El Gobierno de Estados Unidos encontró ayer dificultades para defender ante el Tribunal Supremo sus argumentos contra la polémica ley de inmigración de Arizona, SB 1070, cuya constitucionalidad es discutida, y que en artículos claves convierte en delincuentes a los inmigrantes sin papeles en ese Estado.
Aunque la audiencia repasó las cuatro cláusulas que han sido bloqueadas por los tribunales de menor instancia, los jueces centraron su atención en la que permite que la Policía verifique el estatus migratorio de toda persona que sea detenida por alguna otra infracción y sobre la que albergue una “sospecha razonable” de que es indocumentada.
Brewer argumentó, al finalizar la sesión en el Tribunal Supremo, que Arizona “tiene el derecho”, y ella como gobernadora también, de “comprobar la identidad de los ciudadanos del Estado”.
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El abogado del gobierno del presidente Barack Obama ante el Supremo, Donald Virilli, argumentó que solo el Gobierno federal tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Pero la mayoría de los jueces conservadores, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y el juez Antonin Scalia, mostraron cercanía con la posición de Arizona, de que la SB1070 solo busca complementar las tareas migratorias del Gobierno federal y deja en sus manos las deportaciones.
La juez Sonia Sotomayor, la única latina en el Supremo, también acribilló con preguntas a ambas partes, aunque, alegando confusión, expresó que el argumento del Gobierno “no está vendido bien”.
El abogado de Arizona, Paul Clement, dijo que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para controlar la inmigración ilegal y que Estados como Arizona tienen derecho a asumir tareas migratorias.
Pero Verilli argumentó, entre otras cosas, que la SB1070 no solo puede conducir a encarcelamientos masivos, sino que puede afectar las relaciones bilaterales con México. Señaló que entre el 60 y el 70 por ciento de las personas deportadas de EE. UU. lo son a México, país con el que el Gobierno estadounidense busca una estrecha cooperación.
“¿Tenemos que aplicar nuestras leyes de una manera que satisfaga a México?”, preguntó entonces de manera retórica Scalia, en uno de sus intercambios con Verilli.
En la audiencia estuvieron funcionarios de alto rango de la Casa Blanca, el autor de la SB1070 y ahora exsenador estatal republicano, Russell Pearce, y Kris Kobach, artífice de leyes contra la inmigración ilegal y prominente asesor del precandidato presidencial republicano Mitt Romney.
PROTESTAS DE AMBOS LADOS
Miles de activistas a lo largo de la zona de la frontera sur de EE. UU. y también en las escalinatas del edificio del tribunal en Washington, realizaron vigilias y protestas para exigir la revocación de la ley.
Partidarios de la SB1070 también se manifestaron frente al Tribunal Supremo, aunque eran menos que los movilizados para pedir que se acabe con ella.
Como parte de una “guerra de desgaste” contra los indocumentados, la SB1070 ha servido de modelo para leyes similares en Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah, que también afrontan demandas y han sido bloqueadas.
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