Ramón H. Potosme
El plenario de la Asamblea Nacional oficializó ayer una comisión especial para seleccionar a los candidatos para 23 cargos de funcionarios, cuyos períodos han vencido.
Los funcionarios son cuatro magistrados y 12 conjueces de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y el fiscal adjunto de la República y el vicesuperintendente de Bancos.
De los candidatos de este informe, sumado al que hizo la anterior comisión especial en el 2010, se elegirá a más de 50 funcionarios públicos, la mayoría de ellos labora de facto bajo el amparo del decreto 03-2010.
La comisión especial estará compuesta por los diputados José Figueroa, Jenny Martínez, Raquel Dixon, Venancia Ibarra, Indalecio Rodríguez, Enrique Sáenz y Wilfredo Navarro.
La oposición votó en contra de la declaración. El diputado Carlos Langrand consideró que es una doble moral hacer un llamado al respeto al derecho en Estados Unidos, cuando aquí se irrespetan los derechos humanos, como el caso de las viudas de El Carrizo.
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REFORMAS A LEY DE AMPARO
Adicionalmente la Asamblea creó una comisión especial constitucional para dictaminar la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo que establecería el recurso de Hábeas Data. Con ello, se fortalecerían las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales, recientemente aprobada en el parlamento.
“Con este recurso vamos atrasados, ya se aprobó la Ley de datos personales y no tenemos el recurso de Hábeas Data que es el que culmina tras la parte administrativa”, dijo la diputada Irma Dávila, presidente de la Comisión de Justicia del parlamento.
Dávila dijo que la reforma será consultada con los sectores que intervengan, como la Corte Suprema de Justicia y estudiantes de Derecho. Pero que la lista será creada próximamente.
La comisión constitucional está conformada por Edwin Castro, Auxiliadora Martínez, Raúl Herrera y Liset Montenegro.
Por otro lado, la Asamblea aprobó las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua (BCN). Ahí se estableció que el viceministro de Hacienda será el suplente del ministro ante la junta directiva del BCN y ratificó que será el Consejo Directivo de esa entidad el que tenga la potestad de la política monetaria del país.
AMPARADOS EN DECRETAZO DESDE EL 2010
Todos los funcionarios que hoy laboran de facto lo hacen amparados en el decreto 03-2010 que emitió el presidente inconstitucional Daniel Ortega. Dicho instrumento fue considerado por la mayoría de juristas como inconstitucional.
Con el decreto, Ortega pretendía legitimar la continuidad en los cargos de los funcionarios que se les vencieron sus períodos.
QUIEREN REPETIR LOS DE FACTO
La mayoría de estos funcionarios se encuentra en la lista de elegibles de un dictamen de minoría que hizo una comisión especial del parlamento en el 2010. Sin embargo tuvo el rechazo de la mayoría por considerarlos violadores de la Constitución Política al sostenerse en sus cargos amparados en un decreto ilegal, así lo manifestaron los legisladores.
El informe fue sobre candidaturas para la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República, y el cardo de procurador y subprocurador de Derechos Humanos.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
