La trágica historia de Nicaragua, de caudillos y dictaduras fascistas, debería llevarnos a una construcción de una república cuya constitución y ejercicio de la democracia sean protegidas ante los esfuerzos de cualquiera por volver a ese pasado trágico, cuya peor consecuencia es la pobreza indignante y la falta de desarrollo que vive el pueblo.
Por esa misma realidad histórica Nicaragua tiene una Constitución que prohíbe la reelección inmediata y la reelección por segunda vez. Italia reconstruyó su constitución luego de veinte años de fascismo, en la cual se refleja la protección ante los procesos de instauración de la dictadura. Francia tiene una constitución más basada en la centralidad del poder ciudadano, término que Ortega ha desvirtuado. El poder ciudadano no es la turba protegiendo al Estado, es la urna sagrada, el referéndum, las elecciones, los plebiscitos, con vigilancia de un consejo electoral independiente y multipartidista. El poder ciudadano orteguista es utilizar a los empleados públicos como esbirros amenazados con perder su empleo. El poder ciudadano se perdió, por lo que lamentablemente se requiere ahora la resistencia y la revuelta civil.
El ejército de Nicaragua y la policía juraron proteger nuestra Constitución, pero son aliados del fascismo orteguista al permitir un Consejo Supremo Electoral y Corte Suprema de Justicia de facto y proteger a las turbas que ahora son los que “legitiman” un gobierno inconstitucional. El pueblo ha sido negado de su derecho al poder ciudadano. El 6 de noviembre de 2011, en lugar de ser una celebración de la democracia, es el día fatídico en que se burla ese derecho constitucional. Por esto fue que nuestros padres lucharon por la revolución, para que no volviera un dictador como Somoza a monopolizar el poder, los negocios privados en concesión estatal, a confiscar propiedades y reprimir al pueblo.
El derecho al empleo ha sido burlado por el orteguismo, al ejecutar el despido sin justificación, miles sin prestaciones, de más de 22 mil empleados públicos. Los que llegaron a obtener esos puestos saben que están al servicio de la pirámide de poder fascista. La generación de empleo en un sector volátil como el textil donde el salario del pueblo son 2-3 mil córdobas. Los fondos finitos de Chávez son los negocios de Ortega, una deuda que el pueblo deberá pagar. Las pymes, que en Costa Rica generan el 75 por ciento del empleo, dependen de la demanda interna.
Ortega ha violado el derecho de igualdad, en el cual todos los ciudadanos somos iguales sin distinción alguna ante la ley. Los que denuncian a la Alcaldía de Managua son condenados a multas o cárcel, mientras los del partido son protegidos por los jueces, aunque asesinen familias de campesinos opositores. Entre mayor sea la proximidad a la familia Ortega, mayor es la protección o al contrario, la desprotección. Nos hemos convertido en un país sin justicia donde es peligroso tener la razón.
Ortega ha demostrado burlarse de los principales pilares constitucionales de la República de Nicaragua. No tiene por qué sentarse a negociar. No tiene nada que rescatar con una negociación. Liberales, sandinistas renovados y resto de oposición estamos en el derecho de organizar una resistencia civil que reclame el poder ciudadano en la calle, que busque desestabilizar al Gobierno para lograr un retorno al respeto de las urnas. Solo mediante la desobediencia civil, tomas de avenidas, cierre de carreteras, aeropuertos, etc. Sin esta crisis necesaria el orteguismo no cederá y seguirá su paso inexorable hacia una dictadura fascista.
El autor es ingeniero
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