La discriminación de la mujer en el trabajo, en el sector privado como en el Gobierno es inaceptable. Los argumentos cavernícolas, como que las mujeres deben quedarse en sus casas y las discriminaciones más sutiles basadas en el número efectivo de días trabajados por los hombres y por las mujeres en un empleo dado, o el grado de compromiso con las metas de la empresa frente a los requerimientos de tiempo por la prole o sus “enfermedades”, son igualmente inaceptables.
La decisión de si la mujer debe trabajar fuera del hogar y a partir de qué edad de sus hijos, debe tener respuesta en el seno familiar y no ser impuesta por terceros, ya sean estos empleadores privados, CPC, gobiernos u organismos de presión o cabildeo e incidencia de la Sociedad Civil.
La clave para terminar con esa iniquidad está en la forma en que se asegura la igualdad de oportunidades y se aseguran concursos realmente abiertos para optar a cargos, tanto en el Gobierno, como en la empresa privada.
En el servicio exterior, durante la administración del ingeniero Bolaños, hubo embajadoras en El Salvador, Belice, Brasil, Argentina, Egipto, Alemania, Francia, Suiza, ONU en Ginebra y ONU en Viena, OEA, Unesco, encargada de negocios (jefe de misión) en el Perú, Austria y Chile, las jefes de los consulados en Panamá, México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Houston, y San Francisco, las directoras generales de Europa, América, Asia, consulares y protocolo y una viceministro. Los altos cargos en manos de mujeres superaron el 50 por ciento de los altos cargos disponibles a nivel de dirección general o superior.
Para lograr ese récord de participación femenina bastó que el presidente diera instrucciones de encontrar a la mejor persona. Las embajadoras estaban seguras que sus nombramientos se debían a su capacidad y que no tenían que estar “agradeciendo” favores a nadie.
En la selección de nuevos miembros las mujeres ganaron los cargos en razón de cuatro a uno sobre los hombres, y las profesionales que fueron reclutadas no necesitaron cuotas, sino imparcialidad y oportunidades generadas por la búsqueda de nicaragüenses capaces por un grupo de selección formado por lo mejor de la diplomacia nacional. Colocar una persona que no fuera la mejor, era robarle buen servicio a Nicaragua y fomentar la ineficacia.
Obligar a llenar cargos por cuotas siempre deja mal sabor a los aspirantes perdedores, qué pensarán que fueron orillados por alguien menos calificado y que al final el sistema es menos eficiente. Al reducir el PIB por ineficiencia habrán niños que mueren porque al generar menos ingresos, se cobran menos impuestos por culpa de las cuotas.
Además, ¿Por qué singularizar las cuotas por sexo? Podría ser por edad, obligando a tener un porcentaje de menores de 40 años, o de miembros de la tercera edad; por ocupación, tal porcentaje de agricultores o periodistas, de obreros o campesinos, urbanos y rurales, de médicos, hacendados o ingenieros puesto que hay otras profesiones que casi siempre exceden sus cuotas.
Las cuotas además, generan otras iniquidades. Las maestras superan por mucho a los maestros y las enfermeras a los enfermeros. El 50-50 aplicado a ultranza, podría llevar a disminuir el número de maestras y enfermeras para nivelar las cuotas y eso tampoco sería correcto.
En cualquier caso, la cuota más importante para Nicaragua es de personas que tengan cualquiera de las diferentes capacidades, pero que posean dos cualidades que se resumen en una: honradez a toda prueba y amor por su prójimo, es decir, amor a Nicaragua. Esa es la única cuota que hace falta. Las demás son demagogia inconstitucional.
El autor fue canciller (2002-2007)
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
