TEGUCIGALPA/AFP
Dieciocho oficiales y policías de escala básica de Honduras serán investigados en Honduras por supuesta corrupción de vínculos con crímenes y delitos del crimen organizado, confirmó este sábado un portavoz oficial del Ministerio Público (MP).
El ministerio de Seguridad había informado desde diciembre la suspensión de unos 60 miembros, desde oficiales que ocuparon los más altos mandos hasta agentes, por su presunta participación en el crimen organizado, pero no había remitido los expedientes al MP para que investigue y presente las acusaciones con las pruebas a los juzgados.
«Los primeros 18 expedientes fueron remitidos por parte de Pompeyo Bonilla Reyes (ministro de Seguridad) al fiscal general de la República, Luis Rubí.
En estos expedientes se consignan los números de folios que componen cada caso», informó el portavoz del MP, Melvin Duarte. La implicación de los policías hondureños en bandas del crimen organizado como narcotráfico, secuestros, robo de carros y extorsiones quedó al descubierto luego de que cuatro agentes fueran señalados por la fiscalía del MP como actores de la muerte de dos estudiates, el 22 de octubre del 2011.
Dos altos oficiales fueron luego señalados por encubrirlos y dejarlos escapar. Ahora que el MP recibió los expedientes «se harán los análisis que corresponden (…) y posteriormente se tendrá una conclusión respecto a la responsabilidad en el campo penal que haya en relación a estos oficiales y policías», explicó Duarte.
El 13 de marzo el presidente Porfirio Lobo nombró a tres intelectuales como miembros de una comisión que depurará la Policía, Fiscalía y el Poder Judicial, de la infiltración del crimen organizado.
El equipo, al que se sumarán dos extranjeros -probablemente un chileno y un canadiense-, estará integrado por Jorge Casco, ex rector de la Universidad Nacional; Matías Funes, docente jubilado de ese centro; y Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh) y exministro de Gobernación, según la nota.
Según el decreto del gobierno, la comisión deberá «investigar dentro de la Policía Nacional, fiscales y jueces, en toda su estructura y desde la cúpula hasta su base, los actos de corrupción, violaciones de derechos humanos (y) delitos de distinto tipo».
También investigará «los modos de operar», «abusos» policiales, «así como los vínculos clandestinos para cometer ilícitos existentes entre la Policía, el crimen organizado, las pandillas y cualquier estructura delictiva».
Honduras, con una población de ocho millones de personas, registró 86 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2011, lo que lo convierte en el país más violento del mundo, según informes de la ONU.
