El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, puso sobre la mesa la propuesta de despenalizar la producción, tráfico y consumo de las drogas ilegales cuyos cárteles actualmente desangran y corrompen a miles y esclavizan a millones con el flagelo de la adicción.
El argumento de Pérez Molina, un exgeneral que ha ofrecido mano dura para enfrentar el crimen, es sencillo y pragmático: “No tenemos la fuerza necesaria ni la capacidad para reducir el tráfico de drogas”, le dijo a la periodista Mary Anastasia O’Grady, del Wall Street Journal.
El ejemplo él lo tiene clarito: México, donde después de cinco años de guerra contra el narcotráfico hay 50 mil muertos y los cárteles siguen funcionando, la droga sigue pasando y llegando a Estados Unidos, el principal mercado, donde, irónicamente, se oponen a despenalizarlas.
La visión del gobierno norteamericano es de tratar el tema desde el punto de vista criminal. Ellos creen que la solución es exterminar a los narcotraficantes: hay que encarcelar, interceptar, atacar laboratorios y plantaciones. Claro, también hablan de bajar el consumo en su país, que es el que más lo hace.
Sin embargo, así como no se han reducido los cárteles en México después de cinco años de guerra sangrienta, tampoco ha bajado el consumo en Estados Unidos según el analista de políticas públicas del Cato Institute (una institución que promueve la libertad individual), Juan Carlos Hidalgo quien, citando cifras oficiales, dice que la población estadounidense mayor de 12 años que consume drogas pasó del 5.8 por ciento en 1993 a casi el 9 por ciento en 2008, o sea casi 22 millones de personas.
Pero desde el punto de vista de Centroamérica el problema no es consumo porque aquí no están los grandes mercados sino la violencia que genera la guerra al narcotráfico.
“La legalización no pretende resolver la drogadicción ni los males asociados a ella, los cuales es mejor abordar desde un enfoque de salud pública y no criminal. Lo que pretende es eliminar los efectos negativos de la prohibición”, dice Hidalgo en su artículo titulado El caso a favor de la legalización de las drogas.
“¿Qué es mejor, que el negocio esté en manos de empresarios legales o en manos de criminales violentos?”, se pregunta Hidalgo .
En cuanto a la preocupación del presidente salvadoreño Mauricio Funes de que Centroamérica se convertiría en un “paraíso de consumo de drogas”, ahí está el ejemplo de Portugal que despenalizó solo el consumo desde el 2001 y este no ha aumentado, más bien cada día más y más adictos están optando por aceptar tratamientos en lugar de esconderse.
El tema sin embargo es complejo y merece mucho estudio y estudio serio, ya que habría que ver si así como no estamos listos a enfrentar a los narcos, sí vamos a estar listos a regular con eficiencia este nuevo negocio.
Y si al fin y al cabo las autoridades —y la sociedad— deciden que es mejor la política que propone Estados Unidos “de mejorar la capacidad de intercepción, mejorar la capacidad de impedir producción y distribución de las drogas y reducir las adicciones” como dijo la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, entonces ese país debería tomar un compromiso serio con esa lucha.
El vicepresidente Joseph Biden habló de pedir 100 millones de dólares para ayudar a toda Centroamérica a enfrentar a los narcotraficantes. Eso me parece una gran falta de seriedad.
Con 100 millones anuales solo lograrán hacer una guerra “de baja intensidad”, para mantener a los narcos ocupados fuera de sus territorios y como dijo la presidente Laura Chinchilla, de Costa Rica, que “los muertos los sigamos poniendo nosotros”.
Si van a enviar plata para acabar de verdad con los narcos deben pensarla dos veces. Ellos invirtieron 600 millones de dólares anuales en ayuda militar al Plan Colombia (por 10 años) y la droga sigue llegando. Tal vez si gastan lo que gastaron en Iraq: cerca de 400 mil millones de dólares según cifras que dio el presidente George Bush en el 2008, tal vez así ganen la guerra. ¿Pero cuántos muertos más tendremos que poner los centroamericanos?
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