Hace unos días tuve el honor de conocer, y el gusto de abrazar a doña Irinea Mejía, esposa de don Mercedes Torres Pérez y madre de Josué Saúl y Elmer Torres Cruz, los tres campesinos que fueron atrozmente asesinados en la comunidad de El Carrizo, en el norte de Nicaragua, por miembros del partido FSLN y de la Policía Nacional.
Embriagados de poder, los hechores de ese monstruoso delito no se conformaron con haber sido cómplices de un fraude electoral monumental, sino que además se sintieron con la potestad de exterminar a esos tres seres humanos porque pertenecían al único partido de verdadera oposición que participó en las elecciones nacionales del 2011.
Obviamente, la actuación de los individuos que perpetraron el crimen de El Carrizo, ha sido una producto del sistema de gobierno impuesto por Daniel Ortega, quien desde que asumió la presidencia en enero del 2007 dejó claro que no obedece reglas de ningún tipo, y que la única ley válida es la que él impone. En otras palabras, Ortega ha implementado dos grupos de ciudadanos en Nicaragua: Los que están con el gobierno, que tienen carta blanca para enriquecerse al amparo del poder, apropiarse de tierras ajenas, pasar por encima de cualquier ley y hasta de quitarle la vida a otros, como hicieron los asesinos de El Carrizo; y los que no están con el gobierno, a quienes se les niega hasta la cédula de identidad, se les dificulta estudiar, encontrar trabajo o poner un negocio; y si les resultan molestos al régimen; los eliminan, tal y como sucedió con los miembros de la familia Torres.
Lo que afirmo sobre la desigualdad ciudadana ante la ley, que se sufre en Nicaragua por simpatizar o no con el partido de gobierno FSLN, no es producto de mi imaginación. La sentencia emitida por el juez Erick Laguna, en el caso del crimen de El Carrizo es emblemática. En primer lugar fue tipificado, en lugar de asesinato, como correspondería, como homicidio, lo cual justifica disminuir la pena. Y finalmente, alegando una serie de “atenuantes”, la flamante justicia nicaragüense “castigó” a los autores de esta masacre, con solamente tres años de cárcel. Indudablemente que si estos asesinos hubieran cometido un acto así en contra de algún familiar del comandante Daniel Ortega, ni siquiera hubieran tenido derecho a un juicio, y si por casualidad hubieran quedado vivos “para contar el cuento”, habían sido condenados a la pena máxima que contempla el sistema judicial nicaragüense. Doña Irinea seguramente comprende que tiene cero cartas a su favor, porque es opositora y pobre, porque no pertenece al “Jet Set” nica, es “líder” político, o del grupo de los “intelectuales”. Sin embargo, su convicción y valentía —encarnada en un cuerpo frágil y menudo— de denunciar en cualquier instancia, el asesinato de su esposo e hijos, y de demandar justicia es definitivamente ejemplar.
Considero necesario que las organizaciones de la sociedad civil que están acompañando a doña Irinea en su demanda mantengan ese compromiso. Y también es importante que los periodistas y medios de comunicación continúen cubriendo este caso en tanto no se haga justicia.
Personalmente le manifesté a doña Irinea mi solidaridad y le expresé la vergüenza que siento como nicaragüense de que esta sociedad no haya salido multitudinariamente a las calles, después de que tres hermanos campesinos fueron asesinados con saña, por funcionarios del Gobierno y militantes del FSLN, por pensar distinto y tener otra bandera política.
Gran peligro se cierne sobre Nicaragua cuando se bajan las cabezas y se calla ante los crímenes de la dictadura orteguista.
¡La Patria vive, la lucha sigue! La autora es psicóloga
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
