Freddy Potoy Rosales
La falta de cumplimiento de los fundamentos que sostienen el concepto de gobernabilidad y el retroceso en la democracia del país hacen que después del latrocinio electoral, tanto en comicios municipales como nacionales, la autonomía de las alcaldías establecida en la Ley 40, oficialmente pueda pasar a ser menos que un papel pintado.
Con la pretendida reforma del artículo 34 de la Ley de Municipios (Ley 40), el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), lo que pretende es cercenar la autonomía revestida de legalidad para darle paso a grupos de facto de este partido que ha inculcado una cultura de corrupción y desmantelamiento de los principios democráticos que rigen a una nación civilizada.
Pretender que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) integrados por personas que no son elegidas por el voto popular en elecciones municipales, y por el contrario, son agitadores de un partido político, gobiernen de facto los recursos que pagan los contribuyentes en los 153 municipios del país, no es más que un acto de chantaje, arrogancia, populismo y totalitarismo, en detrimento de la autonomía.
Esto es una muestra más de que el presidente inconstitucional Daniel Ortega Saavedra y la primera dama Rosario Murillo, son los responsables del desmantelamiento institucional del país y para los “ingenuos” simpatizantes y militantes sandinistas que creen que la pareja presidencial no sabe lo que se está haciendo en los municipios, pues sepan que son ellos quienes bajan las órdenes desde la Secretaría del FSLN para imponer sus criterios ajenos al orden legal.
La propuesta de reforma del ejecutivo también quiere atribuirle grandes facultades a la figura del vicealcalde en la coordinación de varios gabinetes sectoriales.
Hay que estar claro que el artículo 34 de la Ley 40 de Municipios establece que la coordinación es una función exclusiva del alcalde e incluso, según se especifica en el artículo 35 de la misma Ley, la administración de la prestación de servicios no puede ser delegada “en ningún caso”.
Con miras a las próximas elecciones municipales, los alcaldes que resulten ganadores, orteguistas o no, simplemente serán figuras decorativas porque quienes tendrán el verdadero poder de decisión administrativo y funcional serán del vicealcalde y los CPC.
Si los titulares de las comunas, sin importar el partido político al que representaron en las elecciones, se oponen a las imposiciones y/o arbitrariedades que se discutan en los Concejos Municipales con apoyo de los CPC, serán expulsados por la fuerza, como ha ocurrido en varios municipios del país, al amparo del poder militar que ejecuta el régimen actual.
A esta forma corrupta de estructurar la función pública en los municipios, se suma el hecho de que el orteguismo se niegue a participar en la iniciativa de transparencia que ha ejecutado el Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT) desde el 2002, para transparentar la gestión pública en las contrataciones y presupuestos municipales.
Este tipo de prácticas lo que hace es crear alcaldes pusilánimes que no son capaces de desarrollar su agenda local integral, sino que bajan la cabeza ante las decisiones del caudillo al frente de un régimen que cada día afecta el desarrollo de la nación. Pero los electores tienen la última palabra para premiar, castigar o vivir con el retroceso democrático.
