Martha Vásquez
Roland Elnecabé, representante de la empresa Tradex Hospitality, que tenía embargado al hotel Crowne Plaza, expresó que la anulación del proceso de embargo por orden judicial no borra la deuda de 3,088,000 dólares que a la fecha le deben los empresarios taiwaneses por servicios prestados.
“La sentencia de casación de la Corte es inalterable, o sea la deuda contractual asumida por la compañía Hotelera de Nicaragua, dueña del Crowne Plaza, a nuestra empresa continúa”, dijo el inversionista estadounidense. Recordó que todo iba transparente en el caso hasta que “personas foráneas al sistema judicial intervinieron en el proceso, por eso se da la anulación”.
“El problema aquí es que la embajada de Taiwán, a través de Ingrid Sing, acudió a la intermediación a través de un alto ejecutivo del Gobierno y complica el asunto porque si teniendo la propiedad embargada no quisieron pagar, menos ahora”, agregó el afectado.
También denunció la supuesta “participación viciada” del abogado de los taiwaneses, Ovidio Soza Rugama, quien es trabajador activo de la Corte Suprema de Justicia y funge como secretario del Juzgado Laboral y asesor jurídico de la magistrada María Auxiliadora Zeas, de Granada. Elnecabé dijo que no apelarán “por esta ilegalidad” y seguirán el trámite de ejecución de embargo nuevamente.
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