La situación laboral en Nicaragua está marcada por un total irrespeto y violación a los derechos constitucionales, laborales, humanos y sindicales de la clase trabajadora nicaragüense, con mayor incidencia en los empleados públicos.
Esto se sustenta a través de múltiples denuncias y publicaciones que de manera acertada, seria y objetiva han sido publicadas y transmitidas en diferentes medios de comunicación que han expresado que en nuestro país se dan las siguientes violaciones: más de 1,664 dirigentes sindicales han sido despedidos en diferentes instituciones públicas del Estado, sin un fundamento y sin respetárseles el procedimiento establecido en la Ley, Fuero y Libertad Sindical; del total de nicaragüenses con discapacidad, apenas un 2 por ciento cuenta con un trabajo digno y el resto sigue en espera de que las instituciones públicas y privadas cumplan con lo establecido en la Ley No. 202, “Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”; más de 21,000 empleados públicos del Estado han sido despedidos sin un fundamento legal que lo motive y sin el procedimiento que establece la Ley No. 476 “Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa” y su Reglamento; la clase trabajadora con un salario promedio mensual de 6,625 córdobas apenas alcanza comprar el 65 por ciento de los productos de la canasta básica y los que ganan un salario promedio mensual de 3,366.91 córdobas alcanzan el 33 por ciento según el Banco Central de Nicaragua (BCN); más de un millón de nicaragüenses en la edad laboral y que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentran actualmente desempleados; indiferencia del Estado de Nicaragua en ratificar ante la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) el Convenio 102 relativo a la “Seguridad Social” y el Convenio 81 relativo a la “Inspección del Trabajo”, convenios vitales en la tutela laboral de la clase trabajadora nicaragüense; una deuda pública de casi más o menos C$$673,056,000.00 (seis cientos setenta y tres millones cincuenta seis mil córdobas netos), generada por sentencias judiciales y falta de pago de prestaciones sociales (Liquidación Laboral) a favor de exempleados públicos que han sido despedidos de diferentes instituciones públicas del Estado y que habiendo concluido el segundo período del gobierno actual no les han pagado dicho pasivo laboral; irrespeto a la libertad individual de los empleados públicos como ciudadanos nicaragüenses contenido en el artículo 25 de la Constitución Política, ya que se les obliga permanentemente a participar en actividades políticas partidarias del gobierno a cambio de su estabilidad en el trabajo; impunidad de parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en no tutelar con sus sentencias judiciales derechos fundamentales de los trabajadores y dirigentes sindicales públicos y privados del Estado de Nicaragua; y lo más reciente, el irrespeto al cumplimiento del convenio internacional 169 relativo sobre pueblos indígenas y tribales ratificado por el Estado de Nicaragua ante la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
En el discurso de toma de posesión del presidente Ortega no escuché que mencionara la implementación de una política seria laboral de Estado encaminada a superar las constantes violaciones a los derechos constitucionales, laborales, humanos y sindicales de la clase trabajadora nicaragüense con mayor incidencia en los empleados públicos pero sí, de manera populista “trabajadores presidentes”, una farsa a los trabajadores. El autor es abogado Laboral y Constitucional
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