Ramón H. Potosme
La diputada Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Justicia, y Alberto Lacayo, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, coincidieron en rechazar que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) disponga de una oficina en la Asamblea Nacional. Según ellos no tiene sentido.
Para Dávila, el poder legislativo es el sitio de las oficinas de diputados y diputadas y que el órgano empresarial dispone de sus propias instalaciones.
“Aquí están dadas las oficinas. Aquí estamos en el poder legislativo y no podemos andar revolviendo las cosas. No tienen por qué tener aquí (una oficina), no le veo sentido”, expresó Dávila.
Mientras Lacayo consideró que el organismo empresarial dispone de sus encargados de hacer lobby y, según él, de excelentes relaciones con la bancada oficialista, así como vínculos cordiales con la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN).
Por otro lado, señaló que una decisión de ese tipo provocaría problemas a la Asamblea Nacional porque despertaría la solicitud de otros órganos gremiales como los sindicatos o las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
“No le veo la necesidad si el Cosep tiene excelente relaciones con la bancada oficialista, que mejores no pueden ser, y con nosotros siempre han sido buenas. Sería una oficina que meta en aprietos a la Asamblea Nacional, que va a tener otras demandas (similares)” señaló Lacayo.
El legislador afirmó que es un tema que ni siquiera han discutido en su bancada por considerarlo innecesario. Según él, disponen de representantes en la bancada del Frente Sandinista donde hay diputados empresarios.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, ha defendido la propuesta de su organismo porque asegura mantienen permanente presencia para aprobar leyes favorables a todos los sectores y lo consideró oportuno en esta ocasión cuando el FSLN dispone de más de 60 votos en el parlamento. La directiva de la Asamblea no se ha pronunciado.
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