Durante los meses de abril y mayo del 2011 los titulares de los principales medios de comunicación del país fueron sobre el olvidado escándalo de corrupción en la Dirección General de Ingresos.
Todavía tengo presente uno los titulares: “Gobierno de Ortega reconoce corrupción en la Dirección General de Ingresos”. Al final, ¿qué pasó? ¿Qué resolvieron el Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR)? ¿En qué juzgado se radicó la causa? ¿Cuántos funcionarios fueron procesados? ¿Cuánto dinero fue recuperado para ser invertido en obras de progreso para beneficio de la población? Usted mejor que yo tiene las respuestas.
Sin embargo, hoy 31 de enero a las 10:30 a.m. tengo que presentarme ante un juez por el pecado de cumplir con lo que establece el artículo 223 del Código Procesal Penal, el cual establece la “obligación —en mi calidad de funcionario público— de denunciar los delitos de acción pública que conozcamos en el ejercicio de nuestras funciones”. En este caso, por mi condición de representante del pueblo de Managua por voluntad popular, cumplí con la ley. Millones fueron robados a través de 31 cheques emitidos por la Alcaldía de Managua (Alma); sin embargo, el procesado soy yo; o sea, el denunciante.
Es oportuno enfatizar que el fundamento de la denuncia que presenté ante el Ministerio Público y la CGR lo basé en la condena y la sentencia emitida por la Juez Sexto del Distrito Penal del Crimen de Managua, Ingrid Lazo, quien concluyó que “en este caso, con 31 cheques (que fueron retirados y sumaron los 3.5 millones de córdobas) durante todo un año (2009), no pudieron participar solo dos personas. Es imposible que nadie más se diera cuenta durante todo ese tiempo. Por algo los cheques deben llevar una firma libradora, para pasar por controles y todos estos cheques pasaron por varias manos, en la Alma tuvieron que haberlo advertido antes”.
La juez Lazo emitió un fallo de culpabilidad en contra de dos exfuncionarios de rango menor de la comuna capitalina por peculado y falsificación de material por 3.5 millones de córdobas que, según los culpables, eran para el “plan rotonda”, que consistía en “entregar refrigerios y comidas a los rezadores orteguistas durante el 2009”.
Germán Palacios y Mario Cortez Urrutia, dos de los procesados, sostuvieron que “las solicitudes de emisiones de cheques y hasta el retiro del dinero lo hicieron por órdenes directas del secretario general de la comuna, Fidel Moreno”.
Cortez, incluso, señaló que “en varias ocasiones retiró personalmente dinero del banco, que era emitido para el pago de actividades inexistentes, y se lo entregó de manera directa a la exdirectora de Relaciones Públicas e Internacionales de la comuna, Loyda García, también exalcaldesa de Tola y ahora directora ejecutiva del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec)”.
Palacios, quien también fue condenado, en su testimonio dijo que “en marzo del 2010 participé en una reunión donde Moreno y García me orientaron los movimientos con la emisión de los cheques. Solo cumplíamos órdenes. Soy inocente”.
“De acuerdo con los peritos de la Policía Nacional, la comuna capitalina emitió cerca de 3.5 millones de córdobas a través de 31 cheques que fueron emitidos luego de la elaboración de solicitudes de emisión de cheque falsificadas, y que además contenían proformas y facturas de establecimientos comerciales que en algunos casos ni siquiera existían”.
Hardlen Huete, abogado de Cortez, y Róger Navarrete, defensor de Palacios, ya habían advertido con anterioridad que sus representados solo “obedecían órdenes”.
“ Se está agarrando a las sardinas, pero no a los peces gordos”, dijo. En la Alma Fidel Moreno, que ya sabemos quién es (secretario general de la comuna y secretario político del Frente Sandinista en Managua), es una de las firmas libradoras de la Alma. Pero “por qué en ningún momento se les citó a ellos, si ellos eran quienes firmaban los cheques”, cuestionó Huete.
“Aquí hubo varios vistos buenos a estos cheques y por qué no lo dijeron antes, y dónde están los controles en la Alma. Estas acusaciones contra mi defendido (Cortez) se hacen porque aquí en Nicaragua algunos matan y van a la vela”, dijo el abogado Huete. El autor es concejal de la Alcaldía de Managua
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
