San Salvador/ACAN-EFE
Al menos 1,060 reos comunes de tres centros penales de El Salvador fueron trasladados hoy a otros presidios tras descubrirse que planeaban revueltas y una fuga masiva, informaron fuentes oficiales.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, declaró a los periodistas que la medida se tomó porque había unos reclusos que planeaban “algunas revueltas” y se habían organizado para enfrentarse a pandilleros que también están presos.
“Descubrimos que había una organización tipo pandilla, pero de los mismos reos comunes”, que “argumentan que es para defenderse de las agresiones de los pandilleros”, agregó.
Los 1,060 reos fueron trasladados de los presidios de Usulután (este), Apanteos (oeste) y San Vicente (centro) a otros como el de Mariona, cercano a San Salvador, confirmó el director de Centros Penales, Douglas Moreno, que indicó que los presos también tenían “un plan de fuga”.
En una reyerta el sábado pasado entre presos comunes y pandilleros, cinco reclusos fueron asesinados y otros once resultaron heridos con arma blanca en el presidio de Usulután.
En los últimos años se han registrado incidentes similares en el sistema penitenciario salvadoreño, compuesto por 21 centros penales con capacidad para unos 8,300 internos, pero que albergan a más de 24,000, según datos oficiales.
Moreno dijo que el traslado de reos “puede paliar la situación, bajar la tensión” entre los reclusos comunes y los miembros de la “Mara Salvatrucha” y “La 18”, las principales pandillas que operan en El Salvador y otros países centroamericanos.
Explicó que los reos comunes se habían organizado en la “Mara Desorden” (MD), “que es la que ha provocado una serie de hechos” en los últimos días, dijo.
El funcionario añadió que de los centros penales que recibieron hoy a los 1,60 reos se enviarán otros a los de Usulután, Apanteos y San Vicente, para equilibrar la población penitenciaria.
El traslado de los reos se llevó a cabo mientras el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas verifica en El Salvador la situación de la privación de libertad, a petición del Gobierno salvadoreño.