AFP
Denver y Colorado fueron las dos ciudades escogidas por el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) para aplicar un proyecto piloto del programa de revisión de 300,000 casos pendientes de deportación que el gobierno anunció en agosto.
Una fuente bajo anonimato informó que en Denver se revisaron 7,923 casos, de los cuales un 16 por ciento fueron identificados como “individuos a los que se les puede ofrecer la discreción” y cerrar sus casos.
En Baltimore, se revisaron 3,759 casos y el 10 por ciento tendrá la misma discreción. Así, poco más de 1,500 indocumentados no correrían el riesgo de ser deportados, aunque no tendrán acceso a ningún alivio legal. No pueden trabajar, aunque pueden pedir un permiso.
Pero esa cifra aún puede variar, según fuentes consultadas, por la incertidumbre que rodea su situación legal. “Cuando esas solicitudes llegan ante las cortes de inmigración, los jueces toman decisiones basados en los méritos de la moción.
Ellos no están involucrados en las revisiones”, informó una consejera de Asuntos Legales del Departamento de Justicia, Lauren Alder.
Subsiste además la incógnita de qué sucederá tras estos programas piloto, que implicaron la dedicación plena de inspectores del ICE durante semanas, en un momento de crisis presupuestaria.
En el DHS el discurso oficial es que es preferible aplicar los recursos a la localización y deportación de extranjeros ilegales con antecedentes.
