Todo fue inconstitucional en las elecciones pasadas. El pecado original de Ortega es la inconstitucionalidad, delito en el que ni siquiera los Somoza lo igualan. Es esta la nueva versión de una dictadura en que la Constitución ha quedado aniquilada.
¿Puede un país gobernarse sin Constitución? Los dictadores tradicionales de este país conservaron una aparente constitucionalidad. La nueva dictadura ni siquiera tiene esa apariencia. Todo en ella es ilegal e ilegítimo. Es un calandrajo de imposición y desvergüenza.
¿Deben los ciudadanos obedecer a un gobierno inconstitucional, donde todo el sistema administrativo es ilegal e ilegítimo? ¿Deben los ciudadanos honrados tributar legalmente para mantener en funcionamiento a un gobierno inconstitucional, ilegal e ilegítimo?
Hay en este embuste una gama de posiciones disímiles. Al lado de los usurpadores propiciados por el robo de las elecciones aparecen una alegre “troupe”, que escogida al modo tradicional, está dispuesta a compartir con los obsecuentes diputados orteguistas, el espacio desnaturalizado de la Asamblea Nacional (AN). Allí estarán en minorías y podrán alegar, gritar, protestar, pero el voto mayoritario sandinista los dejará en la indefensión. Estarán allí sin representar al voto popular ni a nadie.
¿Qué espera hacer la alegre “troupe” en una AN donde anularán todas sus iniciativas? ¿Estarían dispuestos esos diputados a abandonar la cueva de Alí Babá, que les ofrece 94,000 córdobas de sueldo; 440,000 córdobas dizque para becas y ayuda social; un seguro familiar en dólares; 20,000 córdobas por pertenecer a una bancada; 200 galones de gasolina; automóviles de lujo sin impuestos y muchas granjerías y pitanzas? Esto es lo poco que se sabe.
Quien renunciase a tantos beneficios, merecería que le levantaran un monumento conmemorativo, pero los monumentos no producen ganancias ni fortunas.
¿Es el Estado de Nicaragua un Estado de Derecho? Es lo que dicen los políticos; y los políticos nunca dicen la verdad, la disimulan, la explican a su manera para encubrir sus intenciones y obtener ventajas y beneficios.
Un Estado de Derecho comienza por tener una Constitución estable, que no puede reformarse fácilmente para asaltar el poder y legalizar los fraudes electorales. En el Estado de Derecho se respeta el voto popular y no se falsifican los resultados de las elecciones; los diputados son elegidos uninominalmente en cada departamento y no en “cascada”, ni nombrados “de dedo”; se respeta la independencia de los poderes del Estado y se garantizan los derechos de los ciudadanos.
Contrario al Estado de Derecho, en Nicaragua rige un Estado prebendario, que sirve para mantener en el poder a una élite política improductiva, inescrupulosa y corrupta. Ese Estado ha sido impuesto y perfeccionado durante más de un siglo por los partidos políticos y que han monopolizado el poder y llevado al pueblo con engaños y falsas promesas a las urnas electorales.
Una Constitución es básicamente un instrumento político-legal para defender a los ciudadanos de los abusos de quienes ejercen el poder. En un Estado prebendario como el que tenemos desde hace más de un siglo en Nicaragua, la Constitución Política no pasa de ser un librito que se puede reescribir fácilmente para adaptarla a las ambiciones de un caudillo, de un dictador, de un partido político o de un grupo faccioso que se ha apoderado del poder.
Pero a pesar de todo, los ciudadanos votaron masivamente por un candidato con buenas credenciales y lo eligieron Presidente de Nicaragua. El compromiso de Fabio Gadea es aglutinar en su programa de gobierno a todos los grupos juveniles dispuestos a demandar, como en la llamada primavera árabe a toda una población frustrada pero decidida a evitar que se establezca en Nicaragua una dictadura inconstitucional. El autor es periodista.
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