Un policía demanda a Correa por cinco millones de dólares

Un policía demandó este lunes al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y a otros nueve funcionarios públicos por daño moral y exige una reparación de cinco millones de dólares, tras haber sido acusado erróneamente de agredir al mandatario en 2010, informó su defensa.

QUITO/AFP

Un policía demandó este lunes al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y a otros nueve funcionarios públicos por daño moral y exige una reparación de cinco millones de dólares, tras haber sido acusado erróneamente de agredir al mandatario en 2010, informó su defensa.

El uniformado Geovanny Chancusi planteó la querella ante un tribunal administrativo de la provincia de Pichincha -cuya capital es Quito-, aduciendo daños a su dignidad e imagen personal y dentro de la Policía.

Además de Correa, la acción involucra al ministro de Interior, José Serrano, y al coronel Fabián Solano, ex director de Inteligencia de la Policía.

Chancusi fue detenido bajo cargos de intento de asesinato por supuestamente haberle quitado una máscara anti gas a Correa durante una rebelión policial el 30 de septiembre de 2010, que el mandatario denunció como un intento de golpe de Estado.

Sin embargo, tras dos meses de arresto, otro gendarme, Jaime Paucar, confesó ser el autor de la agresión durante la revuelta por reclamos salariales, ante lo cual el gobernante ofreció disculpas públicas en diciembre de 2010.

«Pido mil disculpas en nombre del Estado por la detención de la que ha sido objeto (Chancusi), porque se ha demostrado que no fue el que intentó sacar la máscara. Si el Estado tiene que responder, así lo hará», afirmó entonces el presidente.

No obstante, el abogado del policía, Luis Trujillo, manifestó que «nadie podrá pagarle» a su cliente el tiempo que estuvo detenido ni «devolverle la honra».

«Tienen que pagar todos, incluso el presidente, por haber presionado a través de sus funcionarios a que policías sean culpados de algo que nunca cometieron», expresó el jurista.

Correa enfrenta varias demandas por presuntas injurias y daño moral, en las cuales sus acusadores exigen en total unos 56 millones de dólares.

En dos de esos casos la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo de izquierda tiene la mayor bancada, ha rechazado autorizar la continuación de los juicios.

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