Por Elizabeth Romero y José Adán Silva
Un día después que el Ejército negó responsabilidad en el asesinato del excontra Santos Guadalupe Joyas Borge, conocido como «Pablo Negro», una persona que se identificó como miembro de la agrupación que este supuestamente lideraba, leyó un comunicado a través del cual responsabilizan del crimen al presidente inconstitucional Daniel Ortega y al jefe de la institución militar, general Julio César Avilés.
El comunicado aparece firmado por los miembros del estado mayor de la denominada Fuerza Democrática Comandante 3-80 (FDC 3-80), los comandantes que utilizan los seudónimos de «Venganza», «Patriota» y «Francisco». En el mismo refieren que «nuestra lucha la seguimos hasta el final» y «por la democracia del país».
Al tiempo que denuncian la persecución que el Ejército de Nicaragua aparentemente ha emprendido, en las zonas rurales de Matagalpa y Jinotega.
Igual situación la reportó desde Siuna una persona con acento campesino que se identificó como miembro del FDC 3-80, y que se acreditó la ejecución a balazos del dirigente sandinista Carlos Alí García Hernández, activista de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), en la comunidad Luku Paraska, ubicada en el municipio de Mulukukú, Caribe Norte.
Según la denuncia, el Ejército busca una estructura de mando del citado grupo.
Refirió que desde la caída de «Pablo Negro» la mayoría de jefes de tropas que figuraban en la estructura del FDC 3-80 supuestamente han desaparecido de sus comunidades. Mencionó entre los supuestos desaparecidos los alias de «Morgan», «Olivero», «Gringo», «Solín» «Sargento», «Mapa», «Rudy», «Juancito», «Sagitario», «Boyan», «Pacillo», «Juan Loco».
El especialista en temas de seguridad por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Roberto Orozco, advirtió del riesgo de que este crimen provoque inestabilidad en algunas zonas del país donde probablemente pueda haber reacción por este hecho.
Orozco recordó que en el período de posguerra que vivió el país en los años noventa, aumentaron las tasas de homicidio y otros delitos relacionados con la violencia. Apuntó que aunque el Ejército señala que a Honduras le corresponde investigar el caso, la institución debe colaborar para aclarar las sospechas.
