Por Josué Bravo
CORRESPONSAL / COSTA RICA
Aunque el gobierno costarricense insiste en desconocer a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), el sector exportador del país teme por eventuales sanciones comerciales que puedan afectar al país y a la región, en caso que el máximo tribunal centroamericano dicte medidas cautelares en contra de Costa Rica en la demanda por la carretera que construye paralela al río San Juan.
“No afectan a todos. No solo a los comerciantes, a los empresarios, a los exportadores, sino a las poblaciones en general”, dijo a la prensa local Mónica Araya, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco). Ambientalistas nicaraguenses presentaron una demanda contra Costa Rica en la CCJ por los daños ambientales por la construcción de la carretera de 160 kilómetros que bordea el río.
El tribunal dio 10 días a las partes para que presenten pruebas y descargos sobre la demanda. De encontrarse culpable a Costa Rica de los daños ambientales, la CCJ de justicia dictaría sanciones económicas y comerciales que luego serían analizadas por los presidentes de la región. Araya citó ejemplo de las afectaciones económicas como el caso de Nicaragua, que es uno de los principales importadores de productos ticos.
El temor que entre las eventuales sanciones se dicte el cierre de fronteras que afecte el comercio regional. “Nosotros tenemos procesos productivos de inversiones desde México a toda la región centroamericana, tanto en importación de materia prima, perecederos, etc, que afectan no solo en una situación económica mundial complicada, afectan la población centroamericana, la generación de empleos, afectan el consumo, el tema de medicamentos, digamos que no es una decisión económicamente favorable para ninguno de los países”, indicó Araya.
Por su parte, el vicecanciller Carlos Roverssi, reconoció que si se dictan las sanciones, la Corte podría pedir una reunión de presidentes centroamericanos para que revisen sus recomendaciones.
“La cumbre de presidentes podría tomar las decisiones que considere convenientes. Yo no veo hoy a los presidentes tomando decisiones ante un organismo que saben al que Costa Rica no le ha aceptado su jurisdicción, tomando decisiones que afecten aún más ya el débil proceso de integración política que existe en centroamérica”, adelantó el vicecanciller.
“No veo que esas sean las condiciones, así que estamos muy tranquilos, vamos a la cumbre de presidentes si se hiciera la cumbre de presidentes sobre este tema, y yo pienso que por ahí el único que tomaría medidas y creo que es en contra de sí mismo es el presidente (Daniel) Ortega, si él decide cerrar fronteras creo que vamos a salir perjudicados todo Centroamérica y yo no creo que el resto de países del istmo esté de acuerdo, si es la decisión del presidente Ortega, para eso estamos preparados también”, añadió.
Roverssi dijo que la jurisdicción de la Corte y su aparente parcialidad a favor de Nicaragua, como lo denuncia su país, es un tema acabado y sobre el cual no seguirán emitiendo criterios. “Ya demostramos con absoluta claridad la parcialidad del presidente de la Corte y la estrategia del gobierno nicaraguense de poner falsamente en mal a Costa Rica, se fueron a Ramsar mintiéndole, ahora se van al Parlacen, órgano que no hemos pertenecido y no vamos a pertenecer también para hacer una acusación contra Costa Rica”, refutó.
Para Roverssi, el presidente de la CCJ Francisco Darío Lobo, agrava el conflicto por la demanda, por lo cual los presidentes centroamericanos “tienen que ponerle mucha atención” porque “está impidiendo que los procesos sean normales”.
Asegura que el primero que agravó la situación fue Nicaragua, cuando “invadió” territorio tico, como aquí le llaman al dragado del río San Juan en su desembocadura al atlántico,. “Ahora desvían la atención de la (supuesta) invasión en un tema que no tiene nada que ver y que es soberanía propia costarricense de desarrollar su carretera”, concluyó.
