Fátima Pérez Berríos
Mucho se debate en estos días sobre el poder, si este es legítimo o ilegítimo, justo o injusto, ejercido en nombre propio o en bien de otros. Establecer estos límites es importante para la consolidación del Estado de Derecho. Aunque algunos consideren que el poder es un fin en sí mismo, no fue con este objeto con el que surgió. Se trata más bien de una atribución que le ha sido conferida al Estado para asegurar orden y armonía social, cumpliendo con uno de sus fines principales: el bien común.
El Estado, como institución jurídico-política, tiene como misión gobernar, poner orden, establecer las leyes, garantizar los derechos, es decir, facilitar la vida social. Para esto necesita tener una función potestativa y de coacción que le permita cumplir con las tareas que le son propias. Los ciudadanos, por su parte, se someten a una autoridad legítima pues, como seres sociales, precisan vivir en una comunidad organizada para su interacción y subsistencia.
El poder político ha existido siempre a lo largo de la historia, como un atributo ligado al gobernante para que pueda hacer efectiva su función. Fue en la polis griega donde se desarrolló la idea del poder como medio para garantizar el bien común, considerándose imprescindible que el gobernante, además de tener unas determinadas virtudes, como la prudencia, la honradez y la sensatez, debía tener una formación intelectual específica, que lo capacitara para su ejercicio.
Con el surgimiento del Estado moderno se deja a un lado el carácter central de las virtudes del gobernante y del bien común. Se considera entonces que el poder se justifica solo para garantizar la seguridad y el orden en la sociedad. La característica principal será entonces la consolidación de poderes absolutos. Surgiendo así una lucha constante entre el poder por afianzarse y los ciudadanos por legitimar sus derechos y oportunidades.
El ejercicio del poder no es un privilegio del gobernante para ser usado en provecho propio. La relación mando-obediencia no implica que los llamados a gobernar realicen sus acciones según el propio parecer y al margen de la voluntad popular. Para evitar precisamente estas arbitrariedades es que se han establecido límites al poder, estableciendo legalmente sus funciones y regulando los medios de reclamación para los casos de abuso.
Y es que la función del gobernante debe ser vista como una misión que consiste en ser el primer servidor de todos; el poder implica responsabilidad ante otros, principalmente cuando los ciudadanos depositan su confianza en determinadas personas para que se encarguen de garantizar la convivencia social. No obstante, en la cultura política actual los que gobiernan tienen bastantes dificultades en ver su función como un servicio, y lo que parecen más bien buscar es la acumulación de privilegios y riquezas.
La cuestión del poder como un medio para el bien común o un fin en sí mismo, está estrechamente relacionado con la formación del gobernante y su comportamiento ético, pues sus valores y su visión responsable sobre la tarea que se le ha encomendado, permitirán que desarrolle su gobierno justamente. No estaban tan equivocados los griegos cuando decían que los gobernantes debían tener formación intelectual y ética, pues una personalidad íntegra dispone mejor para luchar contra las tentaciones del poder. Los ciudadanos deberíamos exigir esto de nuestros gobernantes para evitar que se conviertan en servidores de la injusticia.
La autora es doctora en Gobierno y Cultura de las Organizaciones.
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