Benjamín Pérez Fonseca
El pasado 10 de este mes se celebró un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dada en 1948. Me gustó el artículo del doctor Álvaro Leiva Sánchez, muy oportuno y decidor. Recuerdo que en 1998, al celebrar los 50 años, este servidor, entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, el señor don Enrique Bolaños, entonces vicepresidente de la República, y el doctor Iván Escobar Fornos, entonces presidente del parlamento, celebramos tan especial cumpleaños partiendo un delicioso pastel en el local parlamentario, algo de grato recuerdo. En junio de 1999 se escogió al primer procurador de los Derechos Humanos, quien fue el suscrito, con el ya conocido apoyo del entonces presidente Arnoldo Alemán.
En el ejercicio del cargo, y sobre todo meses antes del fin de mi mandato, me convencí de algo que ya venía observando, y es que los derechos humanos en Nicaragua no son violados o no violados, la verdad es más triste: son ignorados. En los años 1997, 1998 y comienzos de 1999 solo Nicaragua y Paraguay no tenían Ombudsman, es decir, defensor de los derechos humanos, y había que escogerlo como un trámite obligado y sin mística de respeto en algo tan importante.
La creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos fue recibida con hostilidad, principalmente por los organismos de derechos humanos no gubernamentales, que veían en ella a un rival que les quitaba protagonismo y presencia en la vida nacional, eso yo lo vi como algo natural, sino díganme: ¿a quién le gusta la competencia? Además, una gran verdad, solo el procurador del Estado por delegación de la Asamblea Nacional, podía iniciar investigaciones, continuarlas y lo principal, dictar resoluciones con fuerza moral.
Es curioso a la fecha ver que instituciones como el Cenidh y la CPDH tienen ahora una bien recuperada autoridad y, lo principal, el apoyo de la ciudadanía, a la cual me sumo gustosamente, ya que se lo han ganado.
Seis meses antes de concluir mi mandato me dirigí a la presidencia de la honorable Asamblea Nacional pidiéndoles se iniciara el proceso para escoger a mi sucesor, y lamentablemente la respuesta siempre fue el silencio. Se cumplió el plazo de mi período y claro, entonces, era impensable el continuar de hecho, es decir, ser un procurador de facto, pues aun existía un respeto a la institucionalidad, la que yo practiqué en mi tiempo de desempeño en el cargo.
Lo demás es historia conocida. La amada Procuraduría se convirtió en un circo, en una nave con cinco capitanes, o a lo mejor seis, hasta que apareció el inefable, pintoresco, folclórico, muy estimado amigo don Omar Cabezas Lacayo.
Concluyo con esto: de una institución como la Procuraduría de los Derechos Humanos quien debe opinar de su pasado y de su presente, es solamente la ciudadanía. En un país con Estado de Derecho, la justicia ordinaria es el oro y el respeto a los derechos humanos debe ser como el diamante.
El autor fue el primer procurador de los Derechos Humanos en Nicaragua.
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