Aunque España y Francia no están en los mejores lugares del Índice Mundial de Percepción de Corrupción en 2011, según Transparencia Internacional, pues ocupan los sitios 31 y 25 respectivamente, la distancia entre esos países europeos y Nicaragua que está colocado en el lugar 134 del mismo Índice de Corrupción, es como del cielo a la tierra.
Esa enorme diferencia se debe sencillamente a que en España y Francia, a pesar de que no están a la par de otros países europeos como Dinamarca y Finlandia que ocupan el segundo lugar en el Índice mencionado, debajo de Nueva Zelanda que está en la honrosa cima, sin embargo sus autoridades tratan realmente de controlar la corrupción y aplican los medios legales necesarios para que los corruptos no queden en la impunidad, que quienes quiera que estos sean paguen por sus delitos.
Esto es lo que se está demostrando actualmente en España, con el caso de Iñaki Urdangarín —esposo de la infanta Cristina y por lo tanto yerno del rey Juan Carlos—, quien ha sido acusado públicamente por malversación de fondos públicos hasta por 17 millones de euros (más de 20 millones de dólares) y a principios del 2012 tendrá que someterse a la justicia ordinaria.
El hecho de que Urdangarín pertenezca a la más alta nobleza española, no lo ha protegido de la acusación pública y del encausamiento judicial. Más bien la Casa Real de España lo ha excluido de su alero y se ha comprometido a informar en detalle, por medio de Internet, sobre todos los ingresos y gastos de la Corona.
El otro ejemplo de cómo en los países europeos se castiga a los corruptos aunque sean personajes influyentes y poderosos —a diferencia de Nicaragua, donde el poder estatal los encubre y les rinde honores oficiales—, es el de Francia, donde un tribunal ordinario condenó el jueves pasado al exalcalde de París, exprimer ministro y expresidente de la República Francesa, Jacques Chirac, a dos años de prisión por haber cometido los delitos de malversación de fondos públicos y abuso de confianza, cuando estaba al frente de la alcaldía parisina.
Chirac bloqueó el procedimiento judicial durante 13 años, alegando la inmunidad penal del jefe de Estado que fue introducida mediante una reforma a la Constitución de Francia, aprobada en 2007 a instancias precisamente del mismo Chirac. Pero a pesar de eso, finalmente el expresidente francés ha sido condenado por “haber ignorado la obligación de probidad impuesta a los representantes del pueblo que administran dinero público”, según expresó el juez que leyó el veredicto condenatorio.
Chirac cumplirá la condena en su casa, gracias a una ley que favorece a los ancianos condenados a prisión, y él, aparte de que tiene 79 años de edad sufre “severos problemas de memoria y comete importantes errores de juicio y razonamiento”. Pero podría tener que pagar una fuerte multa y en todo caso es un ejemplo y una advertencia de que nadie, por muy poderoso que sea, debe quedar impune después de cometer delitos de corrupción.
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