En esta imagen del 10 de febrero de 2011 varias personas protestaban contra el entonces senador de Arizona, Russell Pearce, arquitecto de la ley antinmigrante SB 1070, promulgada en abril de 2010. LA PRENSA/ AP/ MATT YORK

Ley Arizona a examen

La Corte Suprema estadounidense anunció que examinará la controvertida Ley SB 1070 de Arizona, que criminalizó por primera vez la inmigración ilegal en un Estado y que ha sido parcialmente suspendida por la justicia. La Corte emitirá una sentencia durante la actual sesión judicial, que termina en junio de 2012, informó una portavoz.

AFP

La Corte Suprema estadounidense anunció que examinará la controvertida Ley SB 1070 de Arizona, que criminalizó por primera vez la inmigración ilegal en un Estado y que ha sido parcialmente suspendida por la justicia. La Corte emitirá una sentencia durante la actual sesión judicial, que termina en junio de 2012, informó una portavoz.

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400,000 extranjeros viven sin papeles en Arizona, el Estado que más cruces ilegales soporta en toda la frontera con México.

11 millones de indocumentados viven en todo el país norteamericano.

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La Ley SB 1070 fue promulgada en abril de 2010 y rápidamente provocó polémica porque exigía, por primera vez en la historia de Estados Unidos, que la policía estatal detuviera a las personas sospechosas de no tener los papeles en regla.

El gobierno del presidente Barack Obama rápidamente apeló ante un tribunal federal la norma, que inspiró leyes semejantes en Carolina del Sur, Utah, Georgia, Indiana y Alabama.

Este último Estado aprobó una ley aún más dura que niega el acceso al agua y electricidad a los que no demuestren su residencia legal.

Los asuntos migratorios son prerrogativa federal en Estados Unidos, pero los defensores de esas leyes argumentan que los Estados tienen derecho a detener a los indocumentados en su territorio para luego traspasarlos a las agencias encargadas de su deportación.

“Si la Corte sintiera que la decisión del tribunal inferior era correcta, no hubiera admitido a trámite el caso. Es probable que algunos, sino todos los aspectos bloqueados, serán declarados constitucionales”, aseguró Joen Feere, analista legal de una organización hostil a la inmigración ilegal conocida como Centro de Estudios sobre Inmigración.

“Nuestro Estado gasta centenares de millones de dólares al año encarcelando a extranjeros criminales y dando educación y servicios de salud a individuos que residen en este país violando nuestras leyes”, reaccionó la gobernadora de Arizona, Jan Brewer.

Ambos cálculos son del Centro Pew Hispanic.

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