Alrededor de los resultados electorales del 6 de noviembre se han dado explicaciones de todo tipo, a favor y en contra.
Hay quienes afirman que los programas sociales facilitados por el Alba, como el Plan Techo y el Bono Solidario, llegaron al corazón de la gente, y que la economía ha estado bien por los precios del café, los préstamos del BID y la ayuda de Venezuela.
Otros dicen que el triunfo de Daniel Ortega se debe a que desapareció el miedo a que vuelva la guerra y el servicio militar, las confiscaciones y las devaluaciones, la censura de prensa y la represión, pues en estos cinco años no los hubo.
Y otros más argumentan que la oposición fue dividida, que no tuvo apoyo financiero y que era pelea de tigre suelto contra burro amarrado, por cuanto el Gobierno entero violó abiertamente la Ley Electoral al poner al servicio del FSLN bienes estatales y municipales que son de la nación, así como los millones de dólares de Chávez.
Estos y otros argumentos tienen mucho de verdad, y justifican que Daniel Ortega podría haber aumentado su caudal de votos en quizás un 10 o 12 por ciento o más sobre el 38 o el 35 por ciento de hace cinco años.
Pero también es incuestionable que todo el proceso electoral estuvo “carente de neutralidad y transparencia”, como afirmó la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y que el CSE negó de manera arbitraria la observación de organismos nacionales, y que hasta a los mismos observadores internacionales les “taparon el radar” para no poder observar bien, como dijo el jefe de la Misión de la OEA el día de las elecciones.
Es verdad que se negaron las cédulas a miles de jóvenes en municipios no sandinistas, mientras quinceañeros sandinistas menores de edad votaron dos y tres veces con “documentos supletorios”. También es cierto que los fiscales del PLI no fueron autorizados a presenciar unas tres mil JRV, otros fueron expulsados por la fuerza o el soborno al momento de hacer el escrutinio, y a otros les asignaron arbitrariamente la sexta copia carbónica de las actas de escrutinio, totalmente ilegible.
Por otra parte se comprobó que a favor del FSLN votaron ciudadanos fallecidos hace años que el CSE no ha sacado del padrón electoral, así como nicaragüenses del exilio, apareciendo falsificadas sus firmas en el padrón de JRV sin que ellos hubiesen venido al país.
Adicionalmente se comprobó que al eliminar el CSE el “código de seguridad”, muchas urnas fueron “preñadas” desde antes de abrir las JRV con boletas a favor del FSLN. En otras JRV extrajeron al final boletas a favor de otros partidos y las sustituyeron por otras premarcadas a favor de Ortega. Hay también evidencia que en otras JRV adulteraron torpemente los resultados anteponiendo un dígito en los votos a favor del Frente para que en lugar de 82 se leyera 482, por ejemplo, con lo que en algunas de esas JRV resultaron votando más de 600 supuestos ciudadanos, algo ilegal y nunca visto.
Como resultado de todas estas y otras trampas e irregularidades Ortega pasó de un hipotético 45 o 48 por ciento que pudo limpiamente haber tenido a un fraudulento 62 por ciento que no lo cree ni él mismo, razón por la cual nunca sabremos si realmente ganó o no, independientemente de que su candidatura nunca debió haber sido admitida por ser claramente inconstitucional.
En lo que no cabe duda es que en la elección de diputados hubo definitivamente un inmenso fraude, por cuanto ese masivo robo de votos a favor del FSLN aumentó el número de diputados del FSLN y redujo los diputados del PLI y del PLC en la futura Asamblea, la cual por tanto carecerá de la legitimidad para formar mayoría calificada con solo los votos del FSLN.
En consecuencia, para cualquier votación que requiera 56 votos en la Asamblea, como la elección de magistrados, fiscales y contralores, o la aprobación de reformas constitucionales, el FSLN tendría que buscar amplios consensos con los diputados del partido de oposición y otras fuerzas vivas del país, empresarios, productores, trabajadores y la sociedad civil, a fin de que estas trascendentales decisiones tengan la legitimidad necesaria.
Y aún para leyes ordinarias. De lo contrario, la culpa de cualquier error en la administración pública recaerá enteramente sobre los hombros de Daniel Ortega y el FSLN. Y en la dificilísima situación en que está el mundo, Venezuela y Nicaragua, asumir esa responsabilidad en solitario sería demencial.
Me pareció escucharle a Daniel Ortega decir en su discurso del día 8 que “no estamos locos, vamos a legislar con consenso, hay una mayor responsabilidad y tenemos que saber administrar esa responsabilidad”. En mi opinión no existe otra alternativa.
El autor fue ministro de la presidencia de doña Violeta
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