Ramón h. Potosme
Aunque las propiedades de siete familias que mantienen una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está en manos de la Universidad Agraria como depositaria, ellos se sienten confiscados.
El secretario de la sala penal de la CSJ, José Antonio Fletes, ha dicho que la tardanza en estos casos se debe a la gran cantidad de recursos pendientes. Según él, cada mes llegan a la CSJ aproximadamente 30 recursos, de los cuales solo resuelven 25.
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Yamileth Oviedo levantó su huelga de hambre tras 11 días sin comer porque el médico le dijo que se le podía paralizar un riñón. Ella está a cargo de cinco hijos y tres nietos, pues su hija mayor sufrió un derrame, según Oviedo, por la expulsión de sus propiedades en el 2010.
Mientras Everth Martínez y Pedro Antonio Martínez mantienen su ayuno, que hoy cumple 16 días, a ellos se les nota un cansancio extremo.
“Los médicos me dijeron que si seguía en 10 días me hubieran enterrado. Siento una gran decepción, pude perder la vida, pero tengo varios chiquitos”, dijo Oviedo.
Ella, familiares y quienes compraron propiedades a parientes de Frank Oviedo perdieron sus tierras porque los operadores de justicia incluyeron esos bienes en el caso del condenado por narcotráfico, pese a que no hay ninguna causa en contra de ellos.
“¿Por qué nos confiscaron? ¿Porqué nos confiscaron? eso es prácticamente lo que hicieron”, se interrogó Oviedo.
Everth Martínez asegura que mantiene su demanda porque sus hijos tengan algo para su futuro, ya que este año perdieron de ir a clases por acampar con ellos ante el poder judicial.
Las propiedades incautadas suman 500 manzanas y similar número de reses. Según ellos, la UNA ha destruido las tierras, pero la entidad rechaza el señalamiento.
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