Lucía Navas
La posición de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), una de las cúpulas empresariales más importantes del país, es que las elecciones generales celebradas el 6 de noviembre deben anularse.
Amcham sustenta su demanda en que la serie de “anomalías” presentes en el desarrollo de los comicios generales provocaron que el proceso no fuese transparente y en consecuencia hace que sus resultados no sean creíbles.
Señala entre las anomalías “candidaturas ilegales” en claro señalamiento a la participación como candidato al actual presidente de la República, Daniel Ortega, por cuanto la Constitución Política prohíbe la reelección en su artículo 147.
Por tanto, el empresariado exige al Consejo Supremo Electoral (CSE) el “respeto a la ley y la voluntad popular”, y señala que debido a que “el proceso electoral no ha satisfecho a la mayor parte de los ciudadanos nicaragüenses” se demanda la anulación de las elecciones.
“Deberá considerarse la aplicación del artículo 168 de la Ley Electoral, donde señala la posibilidad de la declaración de nulidad al comprobarse la existencia de los vicios informados o reclamados, siendo estas nulidades de tal magnitud que claramente inciden en los resultados generales de las elecciones”, plantea Amcham.
Dicho artículo establece en su tercer párrafo que “si las nulidades son de tal magnitud que incidan en los resultados generales de las elecciones, el CSE declarará nula toda la elección o elecciones verificadas”.
La posición de Amcham responde a los informes preliminares emitidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y de los observadores nacionales y al hecho que los partidos de oposición no reconocen como válidos los resultados del CSE que dan la victoria a Ortega.
Se advierte de las consecuencias de que los resultados del proceso electoral no permitan “conocer si representan genuinamente la voluntad popular”, traerá consecuencias negativas al clima de negocios que el país requiere para atraer inversión.
Entre las anomalías enumeradas se agregan la cedulación sesgada y distribución de las mismas por personeros ligados al oficialismo, además de la expulsión de fiscales durante el proceso de apertura de Juntas Receptoras de Votos (JRV) y en el escrutinio mismo.
Hoy miércoles se espera que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) igualmente se pronuncie sobre el tema electoral.
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