Anne Pérez Rivera
“El Consejo Supremo Electoral fue un cómplice necesario para cumplir con la ordenanza del dictador Daniel Ortega”, reza un comunicado de la Asociación de Alcaldes Liberales Patrióticos (Asalpat), en el que también rechazan los resultados electorales que le dan el 62.6 por ciento de los votos en los comicios presidenciales al presidente Daniel Ortega.
Ualda Obando, alcaldesa liberal de El Rama y vicepresidente de esa asociación, declaró que el Consejo Electoral no respetó la voluntad popular y “no solo hubo fraude con la no entrega de cédulas, sino que tampoco se nos acreditó a los fiscales y donde sí estaban acreditados entonces se les expulsó de las juntas”.
Obando indicó que en su municipio, al sur de las Regiones Autónomas, los militantes del Frente Sandinista hasta rompieron urnas y dejaron en evidencia “el robo de los votos”.
Bernardo Oporta, alcalde de El Castillo, en Río San Juan, denunció que el 50 por ciento de los fiscales liberales en ese municipio no fue acreditado. “Además, no es posible que aparecieran actas en donde decían que hubo más de mil votos en una sola junta (receptora de votos), cuando las juntas nunca tienen más de 400 votantes oficiales por ley”, dijo Oporta.
MANOS AL AIRE
El presidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jorge Castillo, uno de los únicos dos diputados que ese partido logró elegir, sostuvo que están con las “manos al aire”, ya que ahora el Frente Sandinista tiene mayoría total en el parlamento.
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