El caso de una niña de 12 años de edad, con un embarazo de ocho meses, ha “atizado” el debate entre el Gobierno y la sociedad civil sobre la penalización de cualquier tipo de aborto en Nicaragua, a solo siete días de las elecciones presidenciales.
Ayer, la vocera de la Presidencia, Rosario Murillo, se apresuró a declarar que: “Nosotros (el Gobierno) tenemos la responsabilidad de proteger la privacidad y la identidad de esta familia. Esta criatura no está en un embarazo incipiente… está recibiendo el cuidado necesario”, dijo la vocera.
La niña es originaria de la comunidad indígena Walpa Siksa, del municipio de Prinzapolka, en el Caribe Norte de Nicaragua,
Para María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, en esta situación y muchos otros casos de embarazos en condiciones similares el Gobierno actúa con cinismo. Se transforman en “manipulación política del Gobierno”, dice.
De acuerdo con una fuente extraoficial, la niña estuvo en una sala común del hospital Bertha Calderón, junto con otras pacientes, pero desde la mañana de ayer fue trasladada a una sala privada, después que una publicación escrita expusiera su caso.
En el hospital, los médicos y enfermeras evitan hablar del tema, sobre todo a los medios.
El médico Rafael Cabrera, del Movimiento Provida, apoya la posición del Gobierno de mantener el caso en privado.
“Esta niña ya estaba preparada para un embarazo y seguramente se le hará una cesárea para que tenga a su hijo”, dijo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que cualquier embarazo entre los 14 y 19 años debe ser considerado como de alto riesgo, y de acuerdo con las estadísticas tienen cinco veces más posibilidad de morir en comparación con las adultas. En este caso la futura madre tiene solo 12 años.
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