En un sentido ideal, casi utópico, podría afirmarse que la observación electoral no es necesaria para la legitimidad de los procesos electorales y que las instituciones y los partidos en contienda se bastan por sí solos para garantizar la fiabilidad de elecciones transparentes en cualquier parte del mundo.
Y, tal vez, así debería de ser. Sin embargo, la realidad, terca como siempre, termina imponiéndose y ningún demócrata auténtico con un mínimo sentido común puede desconocer la enorme contribución que la observación electoral ha aportado en favor de la democracia y la paz social en diversos países. Nadie mínimamente serio se atreve a decir que son mecanismos injerencistas o lesivos a la soberanía de las naciones. Máxime cuando se trata de países, como Nicaragua, con una rica tradición de elecciones observadas por prestigiosos organismos nacionales e internacionales que han demostrado reiteradamente que, lejos de atentar contra la soberanía nicaragüense, la han fortalecido en virtud de que sin una verdadera democracia no cabe hablar de soberanía nacional.
Para el actual proceso eleccionario, dadas las ilegalidades con que lo ha conducido un desprestigiado y fraudulento CSE, la observación electoral no solo es conveniente, sino indispensable. Sin embargo, no inició con buen paso. Y no me refiero a la ilegalidad del tardío reglamento del inexistente “acompañamiento” electoral que coarta y desnaturaliza cualquier genuino proceso de observación electoral. Tampoco me refiero a la gravísima arbitrariedad de obstaculizar o negar el derecho de observar a organismos como Ipade, Hademos o el Centro Carter, mientras se le otorga a instancias que no tienen fundamento legal para ser observadores, como el CNU, o a comparsas como el CEELA.
Con mal paso inicial me refiero a la precaria base jurídica con que la UE y la OEA han aceptado observar este proceso electoral. Los llamados Memorándum de Entendimiento que regulan la actuación de esas delegaciones son ilegales porque violentan el Reglamento de Acompañamiento que aprobó el CSE. Que este reglamento sea ilegal no justifica que se cometan más ilegalidades. El concepto de reglamento “marco” dentro del cual se supone que funcionan aquellos memorándum no es más que un eufemismo para, primero, maquillar una vergonzosa lesión a nuestra soberanía promovida por la corrupción y entreguismo del CSE y, segundo, para legitimar un repugnante doble rasero con que se regulan a los observadores nacionales y a los internacionales. En este sentido resulta admirable la posición del Centro Carter de exigir la misma regulación jurídica para nacionales y extranjeros. Qué ironía. Los imperialistas defendiendo el derecho de los nicaragüenses y algunos de estos menoscabando la soberanía nacional mediante ilegales Memorándum suscritos a espaldas del pueblo. Dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces.
Ahora lo importante es que la UE y la OEA deben garantizar que observarán este proceso apegados a la estricta legalidad de nuestro ordenamiento jurídico y no a criterios políticos que podrían, incluso, estar guiados con la mejor buena intención, como no me cabe la menor duda fue lo que los llevó a aceptar los memorándum al margen del ilegal Reglamento de Acompañamiento Electoral. Las declaraciones brindadas hasta ahora por el jefe de misión de la UE, Luis Yáñez, son muy alentadoras en ese sentido.
La OEA, que flacos favores ha hecho a la democracia hemisférica, tiene una excelente oportunidad para analizar escrupulosamente todas las ilegalidades cometidas hasta hoy por el CSE. Y las que faltan. No salgan con aquello de que “hubo irregularidades que no empañan la legalidad de todo el proceso”.
Por nuestra parte solo queda que los partidos políticos afinen sus maquinarias y que los ciudadanos salgamos a votar. El autor es abogado constitucionalista
Para el actual proceso electoral de Nicaragua la observación electoral no solo es conveniente, sino indispensable.
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