Por Gloria Picón Duarte
La autoridad electoral debe asegurar la distribución de todas las cédulas de identidad y documentos supletorios fabricados a nivel municipal para que la ciudadanía vote.
El CSE debe garantizar el acceso de los fiscales de todos los partidos políticos a los proceso claves de las elecciones.
El CSE debe acreditar sin exclusiones a los organismos nacionales de observación que han solicitado ser acompañantes.
El CSE debe publicar de forma oficial la Guía Paso a Paso.
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El Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) presentó su tercer reporte de Observación Electoral, en el cual deja en evidencia el sesgo político que ha tenido el proceso de cedulación en el país, la odisea que pasan algunas personas para obtener su documento de identidad, entre otras anomalías.
En un monitoreo realizado por el organismo de observación en los 153 municipios del país verificaron con una muestra representativa que en 80 municipios las personas afines al FSLN han recibido las cédulas en su casa.
“Hay un mecanismo de entrega de cédulas a nivel domiciliar que está siendo efectivo, un mecanismo paralelo que usa el partido de gobierno, que está siendo mucho más eficiente en la entrega de cédulas que el mismo Consejo Supremo Electoral”, manifestó Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Ipade.
Agregó que esa dinámica implica un sesgo o partidarización en el proceso de cedulación. Recordó que hace unos años se usó a observadores electorales y activistas de partidos políticos para distribuir cédulas en las regiones autónomas más ágilmente. “Pero actualmente quien tiene acceso a esto es un partido, lo que implica que hay dominio y fuerte influencia en el aparato electoral de parte del Gobierno”.
El jueves por la tarde el magistrado de facto José Marenco Cardenal minimizó los reclamos que la ciudadanía está realizando en algunos municipios, acusando a la alianza PLI de “desestabilización del proceso electoral”.
El también magistrado de facto Roberto Rivas ha manifestado que el proceso de cedulación ha sido exitoso y que lo que falta es por problemas registrales, sin embargo, en las explicaciones que dan a la ciudadanía los problemas de registro son mínimos.
Por otra parte el reporte señala que el partido de gobierno sigue utilizando los bienes del Estado y la propaganda electoral en instituciones públicas, lo cual violenta el artículo 107 de la Ley Electoral. Hasta ahora la fiscalía electoral no se ha pronunciado, los partidos políticos tampoco han realizado sus denuncias y el CSE no ha realizado un llamado de atención para no seguir utilizando los bienes del Estado con fines de la propaganda electoral.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A
